El gobierno de Venezuela encara la reforma del régimen de indemnizaciones que recibe el trabajador cuando finaliza la relación laboral, como complemento del programa de ajuste lanzado en abril y que busca reanimar la economía en 1997.
El ministro del Trabajo, Nepomuceno Garrido, informó que el gobierno tendrá listo dentro de cuatro semanas un proyecto de ley de prestaciones sociales (indemnizaciones), que sancionaría el parlamento de modo ordinario o entregando poderes para legislar por decreto al presidente Rafael Caldera.
"Se trata de encontrar caminos para mejorar el salario y de que los trabajadores puedan disponer de ahorros", dijo Garrido, e indicó que el gobierno, en vez de una propuesta definitiva, tiene un borrador abierto al aporte de los interesados.
Federico Ramírez, presidente de la mayor central obrera, la Confederación de Trabajadores, de tendencia socialdemócrata, advirtió que "iremos a la calle y a la huelga, si llegan a vulnerarse los derechos adquiridos de los trabajadores".
Jorge Serrano, presidente de Fedecámaras, el máximo organismo empresarial, abogó por "un diálogo abierto, constructivo y sin dogmas para encontrar salidas a la crisis", en un foro sobre desarrollo social en el que también participaron Garrido y Ramírez.
Pedro Carmona, presidente del gremio de los industriales, insistió en la necesidad de dinamizar la economía y mejorar la seguridad social, con reforma del régimen de prestaciones.
En el otro extremo, Laureano Ortiz, de sindicatos cristianos, pidió "un movimiento obrero unido ante la intención de eliminar derechos adquiridos", y Pedro Eusse, de la pequeña central obrera comunista, se refirió a la que se anuncia como fase siguiente a la reforma: la creación de fondos de pensiones.
"Debe mejorarse la seguridad social bajo un sistema contributivo de carácter solidario y no de capitalización individual, que sacrifica lo social en aras de beneficios financieros", dijo Eusse.
El debate sobre las prestaciones y la seguridad social en Venezuela, que de modo cíclico aparece y se desvanece con flujos y reflujos de medidas económicas, resurgió con la caída de la demanda provocada en abril por el debilitamiento de la capacidad de consumo de la población.
El programa de ajuste lanzado en abril por Caldera -fuerte devaluación, liberalización de la economía y alza de tributos- disparó la inflación, ubicándola en 62,3 por ciento en el primer semestre de 1996, frente a una tasa anual de 57 por ciento en 1995 y de 71 por ciento en 1994.
Afectados por la caída de la demanda, los empresarios compiten por moderar sus precios y reclaman medidas que incrementen el salario de los trabajadores, pero a la vez temen el impacto de la "retroactividad" sobre los pasivos de sus empresas.
El "nudo gordiano" del problema de las prestaciones en Venezuela consiste en que la base de cálculo para la indemnización del trabajador es el último salario devengado, y que desde 1974 el pago debe ser doble si el empleado es despedido injustamente.
En numerosas empresas, la norma actúa como inhibidor de todo aumento salarial, y para el Estado, que emplea más de un millón de personas, representa un pasivo que, según el tipo de cambio con que se mida, equivale a la mitad o a la totalidad del presupuesto de un año.
La mayoría de los trabajadores tienen en las prestaciones (indemnización por antiguedad y auxilio de cesantía), que representan aproximadamente un mes de salario por cada año trabajado, su único ahorro efectivo.
En muchos casos, al amparo de la ley que autoriza anticipos para invertir en vivienda y educación, las prestaciones se gastan en emergencias de salud y como complemento anual del salario.
Desde el sector privado, y por parte de economistas liberales, se ha propuesto cambiar la base de cálculo y establecer aportes de las empresas para fondos de seguridad social, que emularían en principios los boyantes fondos de pensión de Chile.
Borradores elaborados por el gobierno de Caldera, instalado en febrero de 1994, contemplan un régimen dual, con aumentos de salarios constantes y concertados, pero sólo para los trabajadores que abandonen el actual esquema y acepten una liquidación de prestaciones cada año.
Pero los sindicatos, y de modo destacado Ramírez, advierten que "nuestros derechos adquiridos tienen rango constitucional", para oponerse a toda ley que pueda desmejorar sus conquistas, y que "iremos a la calle para defenderlos".
Encuestas muestran que gana opinión pública, aunque todavía es minoritaria, la idea de reemplazar el actual régimen de prestaciones por otro que permita alzas frecuentes de salarios. La resistencia más dura corresponde a obreros con antigüedad en grandes empresas y a los empleados públicos.
Para Ramírez "la discusión y nuestra lucha no es sólo por las prestaciones, sino por todo el sistema de seguridad, con un Seguro Social (instituto estatal de asistencia médica y pensiones) que está absolutamente colapsado".
En crisis de mamera crónica, el Instituto de Seguros Sociales mostró su cara más lúgubre en mayo y junio, cuando varios de sus hospitales cerraron sus puertas por falta de recursos.
Mientras, el gobierno demuestra que ha recogido el guante lanzado por empresarios, economistas y firmas internacionales de consultoría, para quienes al programa de ajuste debe seguir la reestructuración del Estado, para achicarlo, y la reforma del régimen de prestaciones sociales. (FIN/IPS/hm/ff/ip lb/96
