Los empresarios de Venezuela pidieron "acceso a los sectores económicos más rentables, en manos del Estado" y cambios en el sistema de seguridad social, para contribuir con sus inversiones a recuperar la economía.
El Estado debe "cumplir eficientemente con la privatización, reestructurar la administración pública, financiar exportaciones y en la apertura petrolera dar énfasis al capital privado nacional", asentaron los empresarios en el documento de base de su asamblea anual, que realizan en el este del país.
A cambio, los empresarios se comprometen a desarrollar inversiones, hacer énfasis en la educación como "el gran proyecto nacional", mejorar la balanza comercial privada con más exportaciones, sostener la reforma de la seguridad social y generar empleo.
Los cambios y los compromisos articularían un programa para dar continuidad al plan de ajustes macroeconómicos denominado "Agenda Venezuela", que el presidente Rafael Caldera lanzó en abril.
Ese plan busca abatir la inflación y reanimar la economía comenzando por enjugar el déficit fiscal, con quintuplicación del precio de los combustibles, alza de impuestos, liberación de precios, tarifas y tasas de interés, así como del tipo de cambio, precedida esta de una devaluación lineal de 70 por ciento.
Además, el gobierno abrió al capital privado internacional un nuevo segmento de la industria petrolera -la extracción de crudos en campos nuevos- y anunció que seguirá una apertura a la inversión directa en la industria petroquímica.
El gobierno sostiene también un proceso de privatización para vender entre este semestre y el primero de 1997 sus activos en telefonía, acero, aluminio, bancos que quedaron en sus manos tras la crisis financiera de 1994, los restos de una aerolínea, instalaciones turísticas y agroindustriales.
Los empresarios destacaron que durante dos décadas ha caído sostenidamente la inversión privada -también el salario real- y entretanto los sectores de mayor rentabilidad se han mantenido en poder del Estado.
Además, se ha sostenido un régimen de prestaciones sociales (la indemnización que recibe el trabajador por años de servicio) con el último salario como base de cálculo, lo que según Fedecámaras, principal órgano del empresariado, se agrega a los otros factores para desestimular el ahorro interno.
"Por ello, el mercado de capitales en Venezuela está poco desarrollado, equiparándonos a países del Caribe o de América Central, en vez de semejarnos a los del Cono Sur o Colombia", observó Aurelio Concheso, vicepresidente de Fedecámaras.
El dirigente empresarial dijo que la falta de negocios de alta rentabilidad en manos privadas es un freno a la emisión de papeles que concurran a un mercado de capitales dinámico y el régimen de prestaciones coarta la formación de fondos de pensiones con capitalización individual.
A la modificación pura y simple del régimen de prestaciones se oponen los sindicatos, que reclaman en cambio "un sistema de seguridad social efectiva", tras el colapso de los servicios de asistencia hospitalaria y las exigüas pensiones del estatal instituto de seguros sociales.
Fedecámaras pidió al respecto intensificar el diálogo, mientras reafirmó su tesis de que el actual régimen desestimula la concesión de aumentos salariales.
"Los trabajadores reciben salarios irreales por el efecto retroactivo de las prestaciones", señaló el documento.
Nelson Ortiz, de la comisión de economía de Fedecámaras, dijo que "el empresariado ve con preocupación el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, que no se manifiesta sólo en altos precios y pérdida del poder de compra, sino en la ineficiencia de los servicios básicos".
Conforme a estudios privados y públicos coincidentes, entre 75 y 80 por ciento de los 22 millones de habitantes de Venezuela viven en la pobreza y entre un tercio y 40 por ciento en la pobreza extrema.
Los empresarios demandan "una política fiscal que incluya la reestructuración de la administración pública", que emplea 1,3 millones de personas en este país cuya población económicamente activa es de poco más de ocho millones de personas.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, planteó reducir en 500.000 los puestos de la administración pública, en un lapso de varios años y buscando reinsertar esa mano de obra cesante en el sector privado.
Esa aspiración tiene como obstáculo, hasta ahora, la recesión de la economía no petrolera (la gran empleadora) en los últimos tres años y la desinversión pública y privada.
El desempleo abierto en Venezuela es de 11 por ciento, según el gobierno, y de 18 a 20 por ciento, según los sindicatos, además de que la mitad de quienes trabajan lo hacen en el sector informal de la economía.
Al compromiso de procurar la creación de empleos si se producen los cambios que piden, los empresarios agregaron "la formación de capital humano", como parte del crecimiento competitivo, junto con la educación como "gran poyecto" y el desarrollo tecnológico de sus empresas. (FIN/IPS/hm/ag/if/96
