estudio de la empresa encuestadora Datanálisis, lo que incide en la fuerte caída del consumo de bienes durables y perecederos.
De la fuerza de trabajo -poco más de ocho millones de personas- , 11 por ciento está desempleada, según cifras oficiales, y entre 50 y 52 por ciento de quienes laboran lo hacen en el sector informal de la economía.
Ese sector, cada vez más nutrido con mujeres y niños según organizaciones humanitarias y de promoción social, está exento de pagar bonificaciones legales o contractuales por encima del salario mínimo, estimando Datanálisis que así un tercio de quienes trabajan ganan menos de 68 dólares mensuales.
El salario de base mínimo, computable para la liquidación del trabajador cuando cesa la relación laboral, es de 32 dólares, pero el ingreso llega a 68 dólares con bonos ineludibles si se tiene un empleo formal en una empresa también formal.
Otro segmento, aun cuando trabaje en el sector formal, no se beneficia de bonificaciones dispuestas por el gobierno en los últimos dos años, que son pagables por jornada trabajada o dentro de ciertos parámetros.
Las centrales obreras denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por la "des-salariación" del ingreso de los trabajadores, luego que el Estado escogió la vía de incrementar con bonos las remuneraciones.
Un total de 62,6 por ciento de trabajadores queda con ingresos inferiores a 110 dólares mensuales, según Datanálisis, y otro 21,3 por ciento gana entre 110 y 170 dólares mensuales.
Los sindicatos ubicaron en 170 dólares el costo de la canasta alimentaria mínima (para cinco personas) en marzo, antes de que el presidente Rafael Caldera lanzase en abril un programa de ajustes que disparó los precios e hizo cerrar el primer semestre con inflación de 62,3 por ciento.
Según compañías encuestadoras, sólo los estratos sociales A-B (alto y medio/alto) pueden destinar menos de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que el "C" (medio/bajo), dedica 62 por ciento, el "D" (bajo) 77 por ciento y el "E" 81 por ciento.
La yuxtaposición de ingresos tan bajos con la sostenida alta inflación (ya fue de 71 por ciento en 1994 y de 57 por ciento en 1995) se tradujo el último trimestre en una caída del consumo de alimentos (desde 25 por ciento la leche hasta 50 por ciento las frutas), así como de los demás bienes y servicios.
Ferreterías y empresas de mantenimiento registran una caída en los gastos domésticos de reparación y equipamiento, repuntan las deudas a las compañías de electricidad -además urgidas de un ajuste de tarifas- y el consumo telefónico bajó 11 por ciento.
La venta de vehículos nuevos bajó 40 por ciento en el primer semestre de este año, en relación al mismo período de 1995, y clínicas privadas de Caracas acusan dificultades porque sus pacientes tienden a la automedicación.
Las firmas de publicidad registran con alarma el abandono de los clientes a la fidelidad por la marca. En el caso de alimentos y detergentes, los compradores escogen según precio y peso neto.
Grupos de alimentos costosos, como embutidos de calidad y quesos amarillos, registran caídas de la demanda por encima de 50 por ciento, así como los pescados de carnes blancas, pues los consumidores pasan en bloque hacia atún y sardina, más baratos en Venezuela.
Los expendios de alimentos intentan una "guerra de precios" que retenga a sus clientes para poder mantener las puertas abiertas, pero los compradores se trasladan cada vez más hacia populares mercados al aire libre, organizados por centros comunitarios con apoyo estatal.
En la educación privada todavía es temprano para medir el impacto, porque el año escolar venezolano se inicia en octubre.
La jerarquía de la Iglesia Católica ha destacado que ese clima "golpea con inclemencia a la clase media y popular", y su conferencia episcopal presentó el domingo a Caldera un documento que reclama con urgencia una acción social efectiva frente a la crisis. (FIN/IPS/hm/ag/if-pr/96
