En agosto o septiembre, el presidente chileno Eduardo Frei resolverá sobre la permanencia en el ejército de uno de los cuatro oficiales que siguen en antigüedad al ex dictador y comandante en jefe, Augusto Pinochet.
La decisión de aplicar la llamada "Ley Canessa" para impedir que uno de esos cuatro generales pase automáticamente a retiro, anunciada el día 5, fue interpretado en medios políticos como un primer apronte gubernamental hacia la sucesión de Pinochet.
El ex dictador, que cumplió 80 años en noviembre de 1995, promulgó normas constitucionales que le garantizaron la jefatura del ejército durante ocho años a contar de su relevo el 11 de marzo de 1990 como titular del Poder Ejecutivo.
Como no hay plazo que no se cumpla, se acerca para Pinochet la fecha del 11 de marzo de 1998, en que agregará la jefatura militar más prolongada y longeva a su récord de haber encabezado el gobierno más largo de la historia republicana de Chile, que tomó por asalto en septiembre de 1973.
El veterano ex dictador asumió el mando del ejército el 23 de agosto de 1973 y en marzo de 1998 completará por tanto casi un cuarto de siglo en esa función, cuando tendrá 82 años y cuatro meses de edad.
El tema de la sucesión en la comandancia del Ejército debe resolverse hacia fines de 1997 y se prevé que estará ligado a complejas negociaciones políticas entre la gobernante coalición de centroizquierda y la oposición derechista.
Se estima que los ajustes legales y constitucionales que rodearán el proceso podrían verse facilitados en la medida de que se muestre una imagen de convergencia o al menos de normalidad en las relaciones cívico-militares.
Es por ello que hoy por hoy se empieza a perfilar como fundamental el "segundo hombre" del ejército, en contraste con el papel a la sombra de Pinochet que han desempeñado hasta ahora los oficiales que ocuparon esa función.
El ex dictador creó en 1977 el cargo de vicecomandante de su fuerza, para delegar tareas propiamente castrenses mientras ejercía la jefatura del Estado, lo cual planteó un trato especial para el ejército respecto de la marina y la fuerza aérea.
La vicecomandancia se mantuvo no obstante tras el restablecimiento de la democracia, y las juntas anuales de calificación de oficiales generales del ejército, que culminan en agosto, son vitales para llenar esa función.
Con la consabida salvedad de Pinochet, los militares chilenos están obligados a acogerse a retiro una vez completados 38 años de servicio, salvo que ejerzan la jefatura de su fuerza o se les aplique la "Ley Canessa".
En 1983, la dictadura expidió una ley especial, que facultó a Pinochet a prolongar por tres años el servicio en el ejército del general Julio Canessa, quien ocupaba entonces la vicecomandancia y pudo continuar así en funciones hasta 1986.
Esa ley, heredada por los gobiernos constitucionales, fue aplicada en 1993 por el entonces presidente Patricio Aylwin, que prolongó por un año el ejercicio como vicecomandante del ejército del general Jorge Lucar.
Frei hizo uso también de esa facultad en 1994 en beneficio del general de la fuerza aérea Fernando Rojas, quien pudo seguir así en actividad para reemplazar un año después como comandante de la aviación al general Ramón Vega.
Este año cumplen el período de retiro los cuatro generales que siguen a Pinochet en antigüedad en el ejército. Se trata del vicecomandante, Guillermo Garín, el jefe del Estado Mayor, Richard Quaas, el jefe del primer cuerpo, Ramón Castro, y el inspector general, Jaime Concha.
El ministro de Defensa, Edmundo Pérez, señaló el viernes que se aplicará la "Ley Canessa" a uno de estos cuatro oficiales por un año, en lugar de los tres que podría hacerlo Frei, y que la decisión se conocerá en agosto o septiembre.
El "elegido" pasará a ser una suerte de general de la transición hacia el periodo post-Pinochet, ya que tendrá la misión de estructurar el futuro alto mando durante 1997 y eventualmente podría ser el sucesor del ex dictador.
Los primeros pronósticos apuntan hacia Garín, de 58 años, por su condición de vicecomandante y hombre moderado, aunque muy fiel a Pinochet, y sugieren que Concha sería excluído por sus vínculos con los antiguos servicios de represión.
La ley establece que el presidente debe designar por cuatro años a los comandantes castrenses entre los cinco generales de mayor antigüedad en la fuerza, y que no puede removerlos una vez hecho el nombramiento.
El estrecho marco legal heredado de la dictadura en que se desenvuelven las relaciones cívico-militares en Chile, hace prever complejas negociaciones políticas para la definición del escenario en que se producirá el retiro de Pinochet.
Entre los puntos a definir hacia fines de 1997 se cuenta también el futuro de los nueve senadores designados, creados en las postrimerías de la dictadura, de los cuales cuatro representan a las ramas de las Fuerzas Armadas y a la policía de Carabineros.
También correspondería negociar la inamovilidad de los mandos castrenses y la ratificación o reforma de una norma que designa senadores vitalicios a ex gobernantes que hubieran ejercido su cargo por un mínimo de seis años.
El único favorecido en marzo de 1998 por esa posibilidad sería el propio Pinochet, ya que todos sus predecesores han fallecido, y el período de Aylwin fue de sólo cuatro años, hasta que se restableció el mandato de seis años antes de los comicios de 1993, en que triunfó Frei. (FIN/IPS/ggr/ip/96
