El Ejército Popular Revolucionario (EPR) de México aseguró hoy que ninguno de sus miembros ha sido capturado y negó tener nexos con delincuentes y pagar sueldos a sus militantes, como indicó el gobierno.
La acusación de las autoridades fue formulada en base a declaraciones de ocho supuestos integrantes del grupo, detenidos recientemente.
En su segundo comunicado desde que hizo su aparición pública en junio pasado, cuando unos 60 hombres armados irrumpieron en un acto público en el sudoccidental estado de Guerrero, el EPR dijo este viernes que las detenciones forman parte de la "sucia práctica gubernamental de fabricar culpables".
"Lejos de resolver las causas que dan origen a la lucha revolucionaria, la respuesta del Estado es intensificar la represión, lo cual confirma lo legítimo y acertado de nuestra decisión de apelar a las armas", señaló el comunicado, firmado por el comandante José Arturo.
El grupo guerrillero reconoció "la circunstancial localización de un depósito táctico utilizado por el EPR desde hace dos años, que permitió al Ejército Federal incautar material y equipo".
El día 9, la Secretaría de Defensa informó de la detención de algunos supuestos miembros del EPR y de la localización de una cueva donde se encontraron armas, ropa y documentos de esa organización.
Tranquilos y sonrientes, tres campesinos acusados de pertenecer al EPR confesaron este jueves ante un juez ser miembros del grupo, al que afirmaron haber ingresado a cambio de dinero.
Un cuarto detenido, el campesino Lorenzo Adame, que reconoció pertener al EPR desde hace un año y haber recibido entrenamiento militar y cursos de marxismo-leninismo. acusó a miembros del Ejército de haberlo torturado para que confesara.
Desde la aparición del EPR, grupo del que se han desligado organizaciones y personalidades políticas de todos los sectores políticos, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno ordenó una masiva movilización militar en zonas rurales de Guerrero.
Organizaciones campesinas y humanitarias han denunciado torturas y detenciones ilegales desde la irrupción del EPR en una ceremonia que se celebró en una zona rural de Guerrero para conmemorar el asesinato de 17 campesinos por la policía en junio de 1995, cuando fueron detenidos para un supuesto control.
"En México hay un estado de guerra, una guerra social contra los luchadores y organizaciones independientes, que se refleja en la militarización de extensas zonas del país y de Guerrero, donde se cometen violaciones a los derechos humanos", señalaron en un informe dos grupos humanitarios de Francia.
"La situación está peor de lo que nos habíamos imaginado", dijeron este jueves los delegados de ambos grupos -Agir Ensemble pour les Droits de L'Homme y del Observatorio Internacional de Prisiones-, tras realizar una visita de seis días a México.
Unos 15 miembros del EPR realizaron el lunes pasado una nueva aparición en una zona rural donde entregaron material propagandístico, confirmaron este viernes las autoridades. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
