El arresto de presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y un informe que lo define como "una verdadera guerrilla" parecen confirmar que su aparición fue el inicio de un nuevo brote insurgente en México.
El 28 de junio 60 hombres y mujeres embozados con franelas rojas bajo gorras verdes, uniformes y armas largas, irrumpieron en Aguas Blancas, estado de Guerrero, leyendo una proclama ante asistentes a la recordación de una masacre de 17 campesinos un año antes.
Sin embargo ,fuentes gubernamentales y comentarios de analistas y personalidades políticas, tanto de la esfera oficialista como de la oposición, pusieron en duda el verdadero perfil del EPR.
En su proclama, el "Manifiesto de Aguas Blancas", se dice que "frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el estado de derecho".
La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y la Procuraduría General de la República (Ministerio de Justicia) habían caracterizado en principio al EPR como un grupo ligado al hampa y sólo imputable por el delito de portar armas militares.
La noche del martes la Secretaría de Defensa reveló la detención de cuatro personas supuestamente pertenecientes a la organización ilegal, a las que confiscó armas y uniformes del grupo.
Según el anuncio, manifestaron que hace aproximadamente tres meses fueron invitados, junto a otros lugareños del municipio guerrerense de Coyuca de Benítez, a integrarse al EPR, que se adiestraba en el cercano Cerro del Guajolote.
"Asimismo afirmaron -indicó el comunicado- que la mayoría decidió integrarse al grupo armado ante la promesa de que recibirían, tanto para ellos como para sus familias, ayuda económica y protección contra las acciones de las autoridades."
El ministerio militar dijo que cerca del sitio de la aprehensión fue localizada una cueva de unos dos metros de diámetro donde se hallaron armamento, cartuchos, vestuario, equipo y documentación, manifestando los detenidos que eran del EPR.
Informes de inteligencia militar difundidos el lunes por el semanario Proceso sostienen que el EPR es una amalgama de residuos de otras organizaciones insurgentes y radicales derrotadas en la década de los setenta pero subsistentes.
Citan al respecto al Partido de los Pobres, la guerrilla de Lucio Cabañas (caído en combate), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y hasta curas "en rebeldía".
El acto donde se produjo la irrupción del EPR fue organizado por la OCSS, a la que pertenecían las víctimas de la masacre conmemorada y cuyos militantes de custodia en el lugar colaboraron en el ingreso y el retiro de los insurgentes.
Las fuentes militares establecen que el origen del conflicto es la miseria ancestral predominante en las comunidades rurales del sureño estado de Guerrero, sobre las costas del Pacífico.
El pasado viernes el presidente Ernesto Zedillo, a insistencia de la prensa, quitó importancia al surgimiento del EPR, diciendo que fue "un incidente lamentable".
El mandatario no quiso hacer un juicio sobre el suceso "porque no se sabe realmente quiénes son esas personas, qué intereses tengan, quiénes les hayan financiado las armas con que aparecieron".
Fueron enviados al lugar de los hechos doce batallones del ejército mexicano de 600 efectivos cada uno -7.200 hombres fuertemente armados con helicópteros artillados, tanquetas y lanzamorteros-, que "rastrillan" constantemente la zona.
Según el artículo de Proceso la secretaría de Defensa considera que el EPR posee "mayor decisión y mejor equipo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)", cuya cabeza mas visible es el subcomandante Marcos.
Los zapatistas surgieron a la luz pública en el suroriental estado de Chiapas el primer día de 1994, en coincidencia con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México.
Tras doce días de enfrentamientos con decenas de muertos y heridos oficialmente registrados, se instauró un alto al fuego y una tregua armada de hecho y comenzó un arduo proceso de negociación en curso entre la guerrilla y el gobierno mexicano.
El EZLN negó todo contacto o conocimiento vinculado al EPR y reafirmó su voluntad de convertirse en una fuerza de opinión de carácter pacífico en escala nacional, pero se abstuvo de criticar directa y explícitamente al nuevo brote armado.
Un comunicado del EPR suscripto por "el comandante Antonio" advirtió la semana pasada que los operativos militares de rastreo podrían precipitar enfrentamientos en la zona de conflicto del estado de Guerrero pese a la voluntad guerrillera de evitarlos.
El primer comunicado del grupo posterior a su aparición pública asegura que "no existe hasta el momento una declaración de guerra contra el gobierno, dada la modalidad de propaganda armada revolucionaria que reviste por ahora" su accionar.
Asimismo en su carácter de "fuerza insurgente" exige al gobierno "que se apegue a los Convenios de Ginebra sobre conflictos bélicos, en particular en lo referente al trato a la población civil y a los prisioneros de guerra". (FIN/IPS/emv/dg/ip/96
