Los productos agrutóxicos utilizados en la producción de papas argentinas amenazan envenenar nuevamente las relaciones entre Argentina y Brasil.
Centenares de toneladas de papas, tratadas con el antibrotante IPC-1, se deterioran en la frontera brasileña, a la espera de que las autoridades agrícolas y sanitarias solucionen el conflicto desde Brasilia y Buenos Aires.
La justicia brasileña prohibió el ingreso del producto, acogiendo denuncias de la Asociación de Productores de Papas delestado de Paraná y del Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) de que el agrotóxico usado es cancerígeno y no está permitido en Brasil.
Las sumas en juego no desequilibran el intercambio bilateral. Alcanzan un máximo de 30 millones de dólares anuales, por cerca de 90.000 toneladas de papas, una cifra escasa en comparación con lo que representan los automóviles, que en 1995 provocaron una violenta reacción argentina ante las cuotas impuestas por Brasil.
Pero el mercado brasileño absorbe más de la mitad de la producción argentina de papas, segun funcionários del sector agropecuario que estuvieron en Brasilia para participar en la Conferencia Internacional para Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Siglo XXI, este jueves y viernes.
El ministro de Agricultura de Argentina, Felipe Solá, aprovechó su presencia en la capital brasileña para negociar una salida al problema. La enfermedad que afecta al ganado quedó en segundo plano.
Solá destacó un punto que hará mas agrio el camino hacia un acuerdo: la necesidad de indemnizar a los productores de su país, que sufrieron pérdidas justamente por cumplir las exigencias de Brasil.
Aunque se suspenda rápidamente la prohibición judicial, la repercusión del caso ya provocó daños irreversibles. Los brasileños informados difícilmente volverán a consumir papas argentinas sabiendo del riesgo que corren de contraer cáncer.
La responsabilidad es toda de Brasil, argumentan los argentinos. Fue el gobierno de ese país el que exigió la aplicación del antibrotante, elevando costos de producción.
El objetivo de esa exigencia, según el secretario de Defensa Agropecuaria Enio Marques, era evitar la utilización de las papas importadas como semillas, que podrían contaminar los cultivos brasileños con un virus existente en Argentina.
El conflicto surgió porque el uso del IPC no es autorizado en Brasil, donde el único antibrotante permitido es el hidrazida maleica.
El problema es comercial, atacó Solá, acusando a los productores brasileños de recurrir a supuestos problemas sanitarios ante la incapacidad de competir con mejores precios y calidad frente al producto argentino.
La cuestión es legal y no sanitaria, afirmó a su vez Arlindo Porto, ministro brasileño de Agricultura, argumentando que el IPC se usa en algunos países europeos, lo cual compueba que no es cancerígeno.
Convencido de ello, Porto intenta que el Ministerio de Salud realice un examen toxicológico.
Pero los expertos ya dijeron que no pueden determinar un indice aceptable de residuos de IPC en Brasil porque el producto no está disponible en el país y la baja toxidad registrada en otros lugares puede no repetirse en las condiciones locales de clima y suelo.
Porto prometió a su par argentino una pronta solución. Ella puede consistir en la suspensión de la exigencia del antibrotante o en una reunión de emergencia del grupo técnico del Mercosur que autorice el uso de IPC en las papas, como forma a neutralizar las medidas judiciales que impiden la importación.
El Idec sostiene que el problema es más amplio y se debe a desigualdades legales en la defensa del consumidor existentes en cada uno de los cuatro países del Mercosur. La legislación brasilea es más rigurosa y debería extenderse a los otros tres socios, estimó.
Para el experto del Idec Sezifredo Paulo Paz, el IPC es cancerígeno, como lo demostraron análisis realizados en Rusia, donde el producto fue prohibido.
Además de las papas, el Mercosur enfrenta otras disputas. El gobierno brasileño acusa a Uruguay de servir de puente para permitir que entren libremente a Brasil ventiladores chinos, eludiendo un gravamen de 96,5 por ciento aplicado como medida antidumping.
Los productores de cebolla de Brasil también se quejan de la invasión del producto argentino. Pero en ese caso, no hay problemas sanitarios ni de precios. La cebolla argentina cuesta tres veces más que la brasileña en Sao Paulo, pero el consumidor local prefiere la primera, por su mejor apariencia. (FIN/IPS/mo/dg/if/96
