La mayoría de las privatizaciones realizadas en Hungría desde 1990 se registraron en el sector de la vivienda, con lo cual el Estado se deshizo de una gran cantidad de edificios enormes, de costoso mantenimiento y en muchos casos en mal estado.
El constante aumento del costo de la manutención de las viviendas públicas alquiladas -algunas deterioradas debido al abandono de las autoridades locales, y otras mal construidas- se convirtió en poco tiempo en una carga insoportable para el Estado.
De ahí la campaña para persuadir a los arrendatarios de comprar su propia casa en los últimos años. La campaña fue acompañada de rumores sobre abruptos aumentos de los alquileres y de una ignorancia generalizada sobre las responsabilidades que implica la propiedad privada de una vivienda.
Como resultado, un gran número de ex arrendatarios poseen viviendas que no pueden mantener, y muchos acusan al gobierno de engañarlos deliberadamente desde el comienzo.
"Compré mi apartamento porque no tenía opción", explicó Erzsebet, una pensionista de 61 años. "Todo el mundo hablaba de los próximos aumentos de los alquileres, quizá al triple o cuádruple. Ahora no veo la ventaja de la compra, porque los gastos comunes son muy altos y el apartamento no lo vale", agregó.
Sólo unos pocos arrendatarios fueron debidamente informados sobre las responsabilidades de la propiedad, no sólo en cuanto a los costos de mantenimiento sino a pasados incumplimientos.
Luego de las ventas, los consejos de distrito de Budapest rápidamente desvincularon toda responsabilidad en relación a los edificios que descuidaron durante años.
"Una gran proporción de los ex arrendatarios adquirieron sus apartamentos bajo presión", admitió Peter Varga, jefe del Departamento de Empresas y Administración de Bienes de la Oficina del Alcalde de Budapest.
Además, desde julio de 1994 la regulación de los alquileres quedó en manos de los distritos. Desde entonces los aumentos han sido irregulares, reflejando el costo de vida y la reducción del salario real.
En el Octavo Distrito de la capital, donde hay una alta tasa de desempleo y criminalidad, las autoridades locales aumentaron los alquileres hasta 150 por ciento.
Muchos apartamentos, especialmente en el histórico y apetecible distrito Castle, fueron excluidos de la privatización por razones culturales e históricas, aunque puede haber excepciones si la Oficina del Patrimonio Cultural las aprueba.
El Estado posee actualmente sólo 15 por ciento de las viviendas de Budapest, pero la mayoría se encuentran en mal estado y más de la mitad fueron construidas antes de 1945. Se prevé que el porcentaje disminuirá a 10 por ciento para cuando termine el proceso de privatización. (FIN/IPS/tra-en/kk/rj/ml/if-dv/96
