La resistencia de Washington a entregar documentos relacionados con las actividades del servicio de inteligencia de Estados Unidos en Haití y Honduras extinguió la esperanza generada por la reciente divulgación de un informe de la Junta de Supervisión de Inteligencia (IOB).
La difusión el mes pasado del informe, el cual criticó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por utilizar las violaciones de derechos humanos como sus "activos" en Guatemala, fue bien recibido por reconocer públicamente esas actividades.
El informe alentó esperanzas de que el servicio de inteligencia sería más solícito en el cumplimiento de las demandas de los gobiernos de Haití y Honduras para que Washington entregara material relacionado a su trabajo en esos países.
Los críticos afirman que los funcionarios estadounidenses continúan demorando el tema, y Washington utiliza el informe de la IOB para excusar su falta de acción, afirmando que la divulgación de los documentos sobre Guatemala consumió los limitados recursos disponibles para la investigación.
Autoridades de Honduras han solicitado a la CIA y otras cinco agencias de inteligencia estadounidenses que entregen todos los documentos sobre nueve militares, supuestamente entrenados por la CIA, que aguardan ser juzgados.
El comisionado nacional de derechos humanos de Honduras, Leo Valladares, visitó Washington el mes pasado para presionar por la entrega del material.
Los funcionarios estadounidenses incluso evitaron responder las preguntas sobre cúando se entregarían los documentos, denunció Susan Peacock, del Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental que utiliza las leyes federales para obligar a agencias del gobierno a revelar información sobre política exterior.
Un vocero de la CIA dijo a IPS que la agencia está atenta a las solicitudes de Honduras y trabaja "con toda la velocidad debida" para satisfacerlas.
Salvador Rodezno, de la embajada de Honduras en Washington, dijo que los jueces seguirán adelante con los casos pendientes sin la documentación estadounidense, pero señaló que las perspectivas de condena serían mucho mayores si tuvieran "una segunda fuente" para sostener los casos.
El Departamento de Estado es el eje del pedido de Haití para que Washington regrese unas 150.000 páginas de documentos confiscados por tropas estadounidenses en septiembre de 1994.
Los documentos fueron tomados por miembros de la fuerza de paz estadounidense que ocupó cuarteles militares y oficinas del Frente para el Progreso y el Avance de Haití (FRAPH), grupo paramilitar cuyo fundador, Emmanuel Constant, admitió haber figurado en la planilla de asalariados de la CIA.
"Es un caso concreto en el cual (Estados Unidos) podría demostrar buena fé y en el cual podemos recordarles sus propias palabras", dijo Marx Aristide, director ejecutivo de la Oficina de Washington en Haití.
Aunque el gobierno del presidente Bill Clinton sostiene que el informe de la IOB sobre Guatemala refleja la nueva etapa de los servicios de inteligencia, señaló Aristide, "no hay cambios en su política" hacia Haití, ya que los documentos confiscados permanecen bajo control del Departamento de Estado.
"Continúa habiendo una gran contradicción entre dichos y hechos y entre hechos y hechos", dijo Carlos Salinas, del programa para América de Amnistía Internacional.
Un vocero del Departamento de Estado sostuvo que "la pelota está ahora en su cancha", y añadió que Washington ofreció entregar el material confiscado a las autoridades haitianas si estas garantizan que sólo serán utilizadas para los juicios pendientes, sin divulgarlos al público.
Pero funcionarios haitianos aclararon que no hay lugar para la negociación en este asunto, y en enero informaron a la embajada estadounidense en Puerto Príncipe que no aceptarían nada menos que "la restitución completa, en su condición original, de todos los documentos, fotografías y casetes de audio y vídeo tomados por los soldados estadounidenses". (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/lp/ip-hd/96
