La ciudadana estadounidense nacida en Ecuador Nancy Peñaloza dijo ante 300 profesionales de la industria de la vestimenta que ella a veces trabaja 66 horas a la semana en un taller de Nueva York por una paga de 207 dólares.
"Mi jefe siempre me grita. No puedo preguntarle nada. Tengo miedo de que me golpee. Grandes ratas y ratones se pasean entre mis pies. En el taller hay solo un baño para cien personas", dijo Peñaloza en un foro celebrado este miércoles en Virginia patrocinado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
En la ocasión se reunieron los nombres más prominentes de la industria de la moda para discutir los problemas de los "sweatshops" (tiendas de sudor, talleres donde se trabaja en condiciones insalubres) en procura de soluciones.
El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Robert Reich, manifestó la intención de promover "un nuevo compromiso para erradicar el flagelo de los sweatshops en el país".
De acuerdo con investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo, 61 por ciento de las tareas de corte y costura en Estados Unidos se cumplen en violación de las normas de salario mínimo y pago de horas extras.
Los empleados de más de la tercera parte de las fábricas y los talleres de la industria de la vestimenta del país sufren grandes problemas sanitarios y de seguridad laboral, y los niños trabajan a menudo en ellos en forma ilegal e inhumana.
Pero los funcionarios coincidieron en que el problema no es de fácil solución, ni en Estados Unidos ni en otras partes del mundo.
Reich advirtió que el cierre de las fábricas que violan las leyes de trabajo infantil podría tener el efecto indeseado de arrastrar a los niños que quedan sin empleo a la prostitución o al comercio de drogas.
El gobernante exhortó a los sindicatos a ayudar a los niños a que abandonen las fábricas y asistan a las escuelas.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 100 y 200 millones de niños de todo el mundo son empleados en forma ilegal. Unos 73 millones tienen entre 10 y 14 años, y la mayoría de ellos viven en Asia.
El problema de los sweatshops trascendió en Estados Unidos hace pocos meses, cuando una organización no gubernamental de Nueva York reprochó a la conductora de televisión Kathie Lee Gifford porque vestía ropa producida en fábricas de Honduras que contrataba a niños y embarazadas.
Gifford dijo que no era consciente de ello, y desde entonces se preocupó por vigilar a través de su programa de televisión las condiciones de trabajo de las fábricas.
En su testimonio ante un subcomité de la Cámara de Representantes, Gifford dijo este lunes que el problema no se solucionaría de la noche a la mañana, pues requería un análisis amplio.
"He aprendido que cada uno de nosotros, en el Congreso, en las empresas, en un estudio de televisión o en un centro comercial, tiene el imperativo moral de enfrentar el problema", manifestó Gifford.
Larry Martin, presidente de la Asociación de Fabricantes de Ropa de Estados Unidos (AAMA), dijo que el gremio empresarial estaba comprometido en colaborar con la tarea del gobierno para eliminar los sweatshops.
Martin aseguró que las empresas pertenecientes a la AAMA, que en total producen dos tercios de la vestimenta fabricada en Estados Unidos, reconoce y aplica las leyes laborales del país.
La legislación estadounidense establece un salario mínimo federal, pago de horas extras y regulaciones del trabajo infantil y de seguridad industrial, y ordena que aquellas empresas que la violen no podrán vender sus productos en ningún punto del territorio del país.
Los participantes en el foro acordaron mejoras a los sistemas de vigilancia, inspecciones sin previo aviso por parte de grupos independientes y la difusión de sus resultados para alertar a los consumidores.
Una investigación de la Universidad Marymount, donde se celebró la conferencia, reveló que más de tres cuartas partes de la población de Estados Unidos no compraría productos fabricados en sweatshops si conociera su origen.
Ochenta y cuatro de cada cien encuestados se manifestaron dispuestos a pagar hasta un cinco por ciento de sobreprecio en la vestimenta que compra si se le garantiza que no fue producida en sweatshops.
El legislador del Partido Republicano de Estados Unidos Christopher Smith reclamó este lunes al Congreso el aporte de 10 millones de dólares anuales en el próximo quinquenio al Programa para la Eliminación del Trabajo Infantil de la OIT,
Smith manifestó que Estados Unidos solo entregó 3,6 millones de dólares al programa, mientras Alemania, por ejemplo, había aportado 65 millones. (FIN/IPS/tra-en/ma/yjc/mj/lb/96
