Un proyectado cambio en la legislación que rige el centro bancario internacional de Panamá, orientado a prevenir el "lavado" de dinero y los negocios ilícitos, generó dudas y el rechazo de algunos banqueros y economistas locales.
El proyecto, presentado al gobierno por la Asociación Bancaria Panameña (ABP), propone la eliminación del secreto bancario, la creación de un ente regulador independiente y la adhesión al acuerdo de Basilea, que obliga a los bancos a publicar anualmente sus estados financieros.
La iniciativa surgió tras una serie de conversaciones entre el gobierno y la ABP para erradicar el "lavado" de dinero del narcotráfico en la plaza bancaria local, así como prevenir los fraudes y manipulación del dinero de los depositantes por parte de los banqueros.
En febrero, el gobierno intervino y luego clausuró el Banco Agro Industrial y Comercial (Banaico), descapitalizado por una presunta estafa cercana a 50 millones de dólares y que presentaba indicios de participación en el blanqueo de narcodólares.
Pese a que fuentes de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y otras agencias de Washington aducen que en los bancos de Panamá se estarían "lavando" entre 1.000 y 10.000 millones de dólares al año, en los últimos 10 años ningún banquero fue sancionado por ese tipo de actividades.
En 1984, las autoridades panameñas clausuraron la casa de licencia internacional Interamerican Bank, tras comprobarse que había "lavado" 10 millones de dólares para un cartel colombiano de la droga.
Los cambios proyectados causaron una rección en cadena de banqueros, economistas y hombres de negocios.
El presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, Ricardo Ortega, aseguró que las continuas acusaciones que se formulan contra los bancos de Panamá "no son ciertas" y responden a una campaña internacional orquestada por Estados Unidos para acabar con el centro bancario local.
Según Ortega, Estados Unidos pretende que los 34.000 millones de dólares depositados en los bancos de Panamá sean transferidos a bancos de Miami, para que esa ciudad estadounidense se convierta en el principal centro financiero del hemisfério.
"No debemos dejarnos llevar por cosas estériles, debemos trabajar en función y en beneficio de nuestro país y amoldar nuestras leyes a nuestra realidad", propuso Ortega.
"Hay que ver los aspectos básicos de nuestra legislación. La igualdad con otros países no nos ayuda, ya que la gente viene a Panamá porque aquí las cosas están bien", agregó.
La confidencialidad bancaria, la circulación del dólar como moneda de curso legal, la plena libertad de ingreso y salida de divisas, y la ausencia de impuestos a las ganancias que generan los depósitos extranjeros y locales, forman parte de las ventajas que ofrece la legislación panameña.
Delia Cárdenas, ex ministra de Planificación y Política Económica, advirtió que "en la medida en que nosotros eliminemos los atractivos del centro bancario, nos convertiremos en uno más y se arruinara el negocio".
"Hay que tener mucho cuidado con las disposiciones que se están aprobando", y evitar la supresión de "la ventaja" que otorga a Panamá el centro financiero internacional establecido en 1970.
Además de proveer 9.800 empleos bien remunerados y tener una participación de cinco por ciento en el producto interno bruto, los 107 bancos nacionales y extranjeros radicados en la plaza local cuentan con una cartera de créditos internos superior a 7.500 millones de dólares.
Mientras, su cartera de créditos externos, dirigidos a empresas y particulares, llegaba a principios de este año a 7.156 millones de dólares.
Rogelio Alvarado, asesor económico del Sindicato de Industriales, observó que si se eliminan las ventajas que ofrece la actual legislación para la radicación de capitales en los bancos "podría suscitarse una escasez financiera que elevaría el costo de producción entre 20 y 30 por ciento".
Tras señalar que ya existen mecanismos para evitar el "lavado" de narcodólares y preservar el dinero de los depositantes, Alvarado señaló que, de eliminarse el secreto bancario, algunos capitales se retirarán de Panamá.
El experto destacó que gran parte de los depósitos son de extranjeros que "no desean que se tenga un acceso tan abierto" a la forma como manejan sus divisas y a la comprobación del monto de las mismas. (FIN/IPS/sh/ff/if/96
