El gobierno de Colombia anunció este miércoles su disposición a debatir la extradición de nacionales, con la condición de que la comunidad internacional adopte medidas para frenar las actividades relacionadas con el narcotráfico.
La decisión fue adoptada en una reunión que sostuvo el presidente Ernesto Samper con la dirección del gobernante Partido Liberal.
La extradición, eliminada en Colombia por la Constitución de 1991, ha sido señalada como una de las posibles causas de las presiones que viene ejerciendo Estados Unidos contra Samper.
El asunto se reactivó en Colombia una semana antes de que Estados Unidos prohibiera el ingreso de Samper a ese país, cuando la fiscal general del gobierno de Clinton, Janet Reno, pidió la extradición de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, jefes del Cartel de Cali.
En anuncio sobre el posible estudio de la extradición causó sorpresa este miércoles en medios políticos colombianos, ya que el gobierno había afirmado que el tema no figuraba en su agenda por estar su aplicación prohibida por la Constitución.
El ex canciller Rodrigo Pardo, quien entregó el cargo este miércoles a María Mejía, indicó que la extradición podría ser positiva para Colombia, porque "se trata de una buena herramienta para enfrentar problemas como el del narcotráfico".
No obstante, Pardo dijo que Colombia debe contar con la facultad de extraditar a los narcotraficantes "cuando lo considere oportuno" y no por imposición de ningún otro país.
El ex canciller dijo que la tendencia de las relaciones internacionales es hacia la construcción de mecanísmos de cooperación, "especialmente en lo que se refiere al combate del crimen transnacional" y en este sentido "la extradición es un instrumento útil".
Para establecer nuevamente la extradición, el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de reforma constitucional. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
