Dos detenidos sentenciados a la pena de muerte por violar y asesinar a machetazos a una niña de cuatro años en 1993 serían fusilados en la primera semana de agosto, informaron hoy fuentes judiciales en Guatemala.
Roberto Girón y Pedro Castillo, que guardan prisión en la Granja Penal Canadá en el sureño departamento de Escuintla bajo fuertes medidas de seguridad, aún pueden recurrir a la solicitud de indulto al presidente Alvaro Arzú .
El tema de la pena de muerte ha sido uno de los más debatidos en los últimos meses y una encuesta publicada por el diario La República indica que más de 70 por ciento de la población apruena su aplicación.
La organización humanitaria Amnistía Internacional pidió el díaa 4 al presidente Arzú conceder el indulto a Castillo y Girón y que se les aplique la pena máxima inferior.
Sin embargo, el secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Ricardo de la Torre, informó el jueves que Arzú no indultará a los reos.
"El presidente Arzú me ha informado que mantiene su posición de que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia sean respetadas y cumplidas de inmediato, como en este caso", señaló De la Torre.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, manifestó sus respeto por las leyes del país y por la decisión que tome el jefe de Estado, sea cual fuere.
Maximiliano Rosconi, de la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), se manifestó contra la aplicación de la pena de muerte, al tratarse de una sanción que no asegura un descenso en los índices de criminalidad.
Existen estudios probatorios de "que en coincidencia a la dureza de los tribunales surgió un auge de las actividades delictivas", subrayó.
El Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, uno de los principales defensores de la pena de muerte y de su extensión a los culpables de secuestros, presentó este viernes una acción de inconstitucionalidad contra la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
Tras argumentar que ningún convenio internacional es superior a la Constitución nacional, Valladares planteó la demanda con el ánimo de que el Congreso pueda legislar y ampliar sanción capital a todo delito que estime conveniente.
El Pacto de San José, firmado en 1969 y ratificado por el Congreso de Guatemala en 1978, indica que no se extenderá la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
Según Valladares, los tratados internacionales ratificados por Guatemala son superiores al derecho interno, pero no a la Constitución, por lo que el Pacto de San José no puede restringir las facultades del Congreso.
"La pena de muerte constituye un disuasivo absoluto: El delincuente al que se la aplica no volverá a delinquir, pero si continuamos condenando y perdonando seguiremos siendo el hazmereír de quienes evaden la ley", estimó.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack -dedicada a la lucha contra la impunidad y que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga asesinada en 1990 por las fuerzas de seguridad- dijo este viernes a IPS que la pena de muerte no es la solución para la violencia.
"Es comprensible que ante un sistema de justicia tan inoperante y la incapacidad del gobierno de poder controlar la inseguridad la población se endurezca, pero debemos de reflexionar sobre qué clase de Estado deseamos", proclamó.
"Durante muchos años hemos tenido un Estado represivo y ahora que tenemos la oportunidad de abrirnos un poco seguimos exigiendo que el Estado siga siendo represivo, aplicando la pena de muerte a unos violadores y secuestradores", agregó Mack.
La violencia no se soluciona con más violencia y para los problemas sociales hay que aplicar soluciones sociales, declaró.
En Guatemala se ha desatado una ola de violencia que aterroriza a la población, especialmente en la capital, donde se genera un promedio diario de diez asesinatos, tres secuestros y 25 robos de automóviles, según estadísticas de la Policía Nacional. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/96
