En medio de sus dificultades internas, más políticas en un caso y más económicas en el otro, los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán este domingo para organizar una cumbre presidencial, con la cual dejarán atrás año y medio de roces diplomáticos.
La nueva ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, considerará durante dos días en Caracas con su colega venezolano Miguel Angel Burelli la oportunidad de una cita entre los mandatarios Ernesto Samper y Rafael Caldera.
La cumbre fue propuesta por el gobernante colombiano a mediados de este mes, y su celebración refrescaría tal vez el ambiente político de Colombia, caldeado por el debate sobre la permanencia de Samper en la presidencia, y el de Venezuela, donde la atención se concentra en la dureza de las medidas de ajuste económico implantadas por Caldera en abril.
Pero hace una semana estalló un nuevo foco de tensión, cuando en el marco del informe anual del presidente colombiano al parlamento, se acusó a "militares corruptos" de Venezuela por vender armas a guerrilleros y narcotraficantes de Colombia.
En Caracas, la cancillería replicó exigiendo pruebas a Samper, el ministro de Fronteras, Pompeyo Márquez, calificó el informe de Bogotá como "agresión". Por último, sectores nacionalistas reclamaron a Caldera negarse al encuentro con su colega colombiano.
Colombia presentó una aclaración que liberó a Samper de las imputaciones a Venezuela. Su consejero y redactor del informe, Guillermo Uribe, debió renunciar al cargo, y Burelli declaró rápidamente superado el nuevo roce diplomático.
Hace año y medio, el 26 de febrero de 1995, guerrilleros colombianos atacaron el puesto fluvial de Cararabo, en el suroeste de Venezuela, dieron muerte a ocho infantes de marina y escaparon internándose en las llanuras de Colombia.
Desde entonces, los incidentes en la extensa frontera, de 2.219 kilómetros, se ubicaron en primer plano de la relación política bilateral, relegando los demás temas de interés común para las cancillerías.
Se han producido repatriaciones masivas de colonos colombianos asentados ilegalmente en el lado venezolano, cruce de la frontera por efectivos militares y denuncias de violación a los derechos humanos, con persistencia de delitos como secuestro y extorsión de ganaderos y tráfico de drogas y de sus insumos.
Venezuela convirtió un segmento de la frontera suroeste en "teatro militar de operaciones', con suspensión de algunas libertades ciudadanas, y demanda que Colombia aumente sus 14 puestos de vigilancia militar en la frontera hasta acercarse al total de 84 que existen del lado venezolano.
Ese protagonismo de la frontera, con acentos nacionalistas, contrasta con la integración económica, que desde hace cinco años promueve empresas conjuntas, inversiones recíprocas y el más floreciente comercio bilateral dentro de la subregión andina.
El comercio entre Colombia y Venezuela sumó más de 2.000 millones de dólares en 1995, frente a menos de 500 millones en la pasada década, y aspiran arribar a 2.500 millones en 1996.
Para baneplácito del sector manufacturero, son productos no tradicionales los que han convertido al país vecino, tanto en la contabilidad de Colombia como en la de Venezuela, en el principal socio comercial después de Estados Unidos.
Ese auge llevó a la superficie nuevos temas de la relación bilateral, que requieren un empuje conjunto por los presidentes, como la negociación de una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina -cuya locomotora comercial son Colombia y Venezuela- y el Mercado Común del Sur.
El último encuentro bilateral de Caldera y Samper se produjo en el tercer trimestre de 1994, cuando comenzaban sus respectivos mandatos, que en agosto llegarán a medio camino.
La iniciativa de la cumbre, lanzada por Samper, fue acogida con buenos ojos en Caracas hasta la aparición del "informe Uribe", presentado inicialmente por la prensa como expresiones del propio presidente colombiano.
Luego que Bogotá produjo la aclaración, el renunciante Uribe ratificó el contenido del informe, según el cual, fueron detectadas al menos 300 armas en cinco años como entregas de militares venezolanos a irregulares colombianos.
Autoridades en Caracas sostienen que la posesión de armas y municiones venezolanas en manos de ilegales colombianos se explica por la pérdida de armamento durante las sublevaciones militares de 1992 en Venezuela y por los asaltos y ataques de colombianos a unidades armadas venezolanas.
Pero Uribe también alegó atropellos de autoridades venezolanas a pescadores colombianos en aguas pendientes de delimitación al norte de la frontera terrestre, una "negociación estancada" por culpa de Venezuela, según su informe.
Márquez advirtió que más allá de formalidades -si el informe es administrativo o no, y de que Samper ordenase recogerlo- a Venezuela "le preocupa que eso es lo que piensan quienes dirigen Colombia".
La delimitación marítima es el problema de fondo con mayor peso en la relación política bilateral, por los resortes nacionalistas que dispara en Venezuela, cuya población se encuentra sensibilizada en el sentido de "no ceder ni un centímetro" a Colombia.
Pulsando ese clima, el ex embajador de Caldera en Bogotá y gobernador de Caracas, Abdón Vivas, estimó que "la cumbre es útil, y si los presidentes la consideran necesaria, sugiero que no se realice en una de las capitales, sino en algún lugar de la frontera", tal como lo había sugerido Samper.
En tanto, importantes grupos parlamentarios promueven una moción contra la visita de Samper, aunque Burelli precisó este viernes que la política exterior del país está a cargo del presidente y su gobierno y que el presidente vecino será tratado como el jefe de Estado de "un país hermano", en caso de concretarse su visita.
Con tales obstáculos, independientemente de los contenidos de su agenda y de los acuerdos que produzca, la sola realización de la cumbre ya será un logro para Samper y Caldera. (FIN/IPS/hm/ff/ip//96
