La cancelación de la visa al presidente de Colombia, Ernesto Samper, y la firma de un nuevo convenio de cooperación expresaron las dos caras de la política antidrogas de Estados Unidos, interpretada en términos populares como de "zanahoria y garrote".
Los dos hechos son "expresiones de una misma política" de Estados Unidos, que busca combatir al narcotráfico "como un problema de geopolítica, en los paises productores", dijo a IPS el analista Luis Valencia, de la Universidad de Los Andes, principal privado de educación superior.
Con la decisión, Samper entró en el llamado "club de los indeseados" de Estados Unidos, en el que también se encuentra el presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora (1989-93), acusado de haber recibido dinero del narcotráfico.
Valencia considera que medida contra el mandatario tiene una especial significación política, pues es adoptada en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se juega la reelección, y es peligrosa para Colombia, pues podría desembocar en un enfrentamiento diplomático.
Estados Unidos podría intensificar sus presiones para que Samper abandone la presidencia, con sanciones comerciales que afecten sus relaciones con el empresariados, señaló el experto, quien no descartó una intervencion militar "de corta escala".
Esta intervención podría estar dirigida específicamente a la destrucción de cultivos y laboratorios y a "la captura de los narcotraficantes que ya han sido pedidos en extradición por el gobierno de Clinton", dijo Valencia.
La medida contra Samper reavivó el sentimiento antiestadounidense de un sector del sindicalismo colombiano al que el mandatario dio participación en su gobierno.
La mayoritaria Confederación de Trabajadores de Colombia (CUT), considera que Samper "debe responder con la misma moneda a Estados Unidos, declarando persona no grata al embajador Myles Frechette.
El mismo sentimiento reveló una encuesta publicada este viernes por el diario El Espectador de Bogotá, según la cual 65 por ciento de los consultados rechazó la medida estadounidense.
La decisión estadounidense provocó un enfrentamiento dentro del propio gobierno.
El vicepresidente Humberto De la Calle, actual embajador en España y candidato para suceder a Samper por un sector del gobernante Partido Liberal y el empresariado, afirmó que la falta de credibilidad del fallo de la Cámara de Diputados que absolvió al mandatario influyó en la decisión de Estados Unidos.
El ministro del Interior, Horacio Serpa, el mayor defensor de Samper dentro del gabinete, replicó calificando la actitud de De la Calle como una deslealtad con el gobierno, que este jueves emitió un comunicado rechazando la medida estadounidense, a la que consideró "unilateral e intervencionista".
La decisión fue recibida con sorpresa por el gobierno colombiano, pues el martes y miércoles el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, se había reunido con altos funcionarios para analizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Tras estas reuniones y la firma de un nuevo acuerdo de cooperación con la policía por 13 millones de dólares, Frechette afirmó que su país estaba "firme con Colombia para seguir la lucha contra el narcotráfico" y se estaban buscando fórmulas legales para continuar dando ayuda a las Fuerzas Militares.
Pero la entrega de los recursos está condicionada a la erradicación de 18.000 hectáreas de coca y 4.000 de amapola, el desmantelamiento y destrucción de laboratorios y la presencia de cuatro asesores estadounidenses en Colombia. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
