El gasto militar de Chile registra un continuo descenso desde el restablecimiento de la democracia en 1990, de acuerdo a un estudio del cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) conocido hoy.
El gasto militar, que representó 4,22 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1989, último ejercicio anual completo de la dictadura del general Augusto Pinochet, bajó a 2,75 por ciento del PIB en 1995.
Según el estudio de la Comisión de Defensa del PDC, partido del presidente Eduardo Frei, el descenso continuará este año y los recursos destinados a las tres ramas de las Fuerzas Armadas equivaldrán a 2,64 por ciento del PIB.
El análisis, difundido este martes por el diario La Epoca, especifica que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán en 1996 recursos por 1.995 millones de dólares, de los cuales 59,7 por ciento serán gastos en personal activo y en retiro.
Si se considera el gasto en seguridad, que además de los institutos castrenses incluye a la policías de Carabineros (militarizada) e Investigaciones (civil), las asignaciones de este año ascienden a 2.738 millones de dólares.
Esta última cifra equivale a 3,63 por ciento del PIB y a 21,58 por ciento del gasto fiscal, de acuerdo al estudio dirigido por el ingeniero Eduardo Santos, presidente de la Comisión de Defensa del PDC.
El general Pinochet, quien gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, aumentó considerablemente el gasto militar desde 1978, al llegar a un punto álgido un conflicto territorial con Argentina en el austral canal de Beagle.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas reciben recursos especiales cada año, equivalentes a 10 por ciento de los ingresos generados por las ventas de cobre, principal producto de exportación de la economía chilena.
El gasto destinado a los cuerpos policiales aumentó bajo el primer gobierno de transición democrática, de Patricio Aylwin (1990-94), con incrementos de sus dotaciones en el marco de políticas de seguridad ciudadana.
El gasto militar es criticado por sectores de centro e izquierda que lo consideran elevado en las actuales condiciones de estabilidad democrática y de virtual ausencia de conflictos territoriales con los países vecinos.
Pinochet, quien mantiene la comandancia del Ejército, ha respondido a esas críticas, recalcando que no hay grandes adquisiciones de armamentos y que el mayor volumen de gastos comprende pagos de remuneraciones y pensiones del personal.
El estudio del PDC avala las críticas formuladas hace algunos meses por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, militante de ese partido, quien dijo que en materia de gasto en seguridad no hay una interacción entre militares y civiles.
Pérez llamó a crear una "auténtica comunidad de la Defensa", en que los poderes Ejecutivo y Legislativo y otras instancias representativas del Estado y la ciudadanía participen en la definición de políticas.
Santos subraya en su estudio que el gasto militar es un tema de interés para toda la sociedad, ya que se compromete la administración de dineros de los contribuyentes que deben emplearse del "modo más eficiente posible".
La participación civil en el tema se reduce actualmente a la planificación y discusión del presupuesto, a la revisión del gasto en la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de Seguridad Nacional, constituido por jefes castrenses y representantes de los poderes del Estado.
El PDC advierte además que en torno al gasto en seguridad se ha generado "una rigidez presupuestaria que no es necesariamente sinónimo de una adecuada asignación de recursos".
Según Santos, más que el origen o monto de los recursos, lo que debería ser fundamental es el uso eficiente de ellos, medido "a través de indicadores que permitan cuantificar la calidad y certeza de las decisiones presupuestarias". (FIN/IPS/ggr/dg/ip- if/96
