La localización de los proyectos influirá de manera creciente en Chile en posibles conflictos entre las comunidades y las empresas, señaló hoy Vivianne Blanlot, directora ejecutiva de la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
En una reunión con corresponsales de prensa extranjera, Blanlot abordó las polémicas en torno a varios megraproyectos, que incluyen el tendido de un gasoducto, la construcción de una represa hidroeléctrica, una planta de celulosa y explotaciones de bosques nativos.
La directora de Conama advirtió que en materia de normas ambientales para las empresas el país está aún en una etapa "voluntaria" mientras no se expida un reglamento sobre los estudios de impacto ecológico de los proyectos.
Esto significa, explicó, que Conama debe cumplir una misión reguladora, que en muchos casos implica abrir vías de consulta con las partes implicadas en los proyectos pero en algunos no puede prohibir la realización de éstos.
En este sentido, destacó como un buen precedente el reciente acuerdo entre la comunidad del poblado precordillerano de San Alfonso y la empresa GasAndes, que construye un ducto para transportar gas natural desde Argentina.
Los habitantes del poblado, que se sitúa unos 50 kilómetros al sureste de Santiago, lograron que la empresa aumentara las medidas de seguridad y pagara mayores indemnizaciones por los riesgos que implicará el paso del gasoducto por sus terrenos.
En este caso, la empresa GasAndes aceptó negociar con los vecinos y si bien Conama, como organismo gubernamental, no pudo involucrarse directamente, apoyó la mediación del socialista Jaime Estévez, presidente de la Cámara de Diputados.
Blanlot admitió que ese escenario difícilmente se puede repetir en el alto del río Bío-Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago, donde comunidades de indígenas pehuenches rechazan la construcción de una gran represa hidroeléctrica que inundará sus tierras.
La directora señaló que Conama está asesorando a los pehuenches en el resguardo de los derechos que garantiza la Ley de Desarrollo de Pueblos Indígenas, en la negociación con Endesa, el consorcio que construye la central Pangue.
En el horizonte ambiental chileno se perfilan también conflictos en torno al santuario natural del río Cruces, en la provincia de Valdivia, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, por la construcción de una planta de celulosa.
También está en tela de juicio un proyecto de la transnacional Trillium, que planea explotar bosques de lenga, una valiosa especie autóctona, en la austral región de Magallanes, 2.500 kilómetros al sur de la capital.
La localización de nuevos vertederos de desechos sólidos en la Región Metropolitana, así como las renovadas normas industriales y de transporte para descontaminar Santiago, representan igualmente focos de preocupación ambiental.
La economista Blanlot subrayó que se debe tender a una legislación que facilite la prevención de los conflictos mediante informes previos de los proyectos empresariales tanto a las autoridades como a las comunidades involucradas.
En esa perspectiva, valoró el reglamento sobre estudios de impacto ambiental, actualmente sometido a consideración de la Contraloría General de la República, que no tiene un plazo perentorio para despacharlo.
Consideró, igualmente, que el país podría en unos dos años alcanzar un consenso para incorporar las cuentas ambientales a su sistema de cuentas nacionales, modalidad que, según advirtió, muy pocas naciones han puesto en práctica en el mundo. (FIN/IPS/ggr/dg/en/96
