La pantalla televisiva los mostró primero esposados en un vehículo policial y después cadáveres en la morgue de un hospital, en el último episodio de denuncias de ejecución extrajudicial en Venezuela, cuya evidencia llevó a las autoridades a iniciar una investigación.
El hecho se produjo el lunes y los afectados fueron dos delincuentes que acababan de ser detenidos tras un enfrentamiento con la Policía Metropolitana, que abortó uno de los cotidianos asaltos de Caracas, en una operación en que murió una joven efectiva de ese cuerpo de seguridad.
Un tercer participante en el asalto armado a una heladería en una concurrida avenida de la capital venezolana murió en el acto, mientras uno de los detenidos presentaba una herida en el hombro cuando fue subido a la unidad policial. Sus cadáveres tenían varios impactos de bala.
La dirección de la Policía Metropolitana emitió este miércoles un comunicado indicando que había puesto a disposición de la Policía Técnica Judicial a los efectivos que realizaron el traslado de los dos detenidos, quienes llegaron a un hospital sin signos vitales, según el reporte del centro.
El fiscal general (acusador y defensor público), Iván Badell, informó que designó dos fiscales para investigar el caso destapado por Radio Caracas Televisión en su noticiario de la noche del martes con sus impactantes ímagenes.
El comandante de la Policía Metropolitana, el general Rafael Bustillos, expresó que esa institución no tolerará "que se atente contra los derechos fundamentales de la gente, aun en los momentos de mayor dolor, como es la pérdida de una de sus miembros".
La muerte de la cabo segunda Rosario Martinez, que con sus 26 años se enfrentó a los asaltantes y se convirtió en la primera mujer de los organismos de seguridad venezolanos fallecida en acción, impactó a los efectivos policiales que llegaron como refuerzo.
Comerciantes y vecinos de la zona en que ocurrió el incidente, por su parte, decidieron realizar una manifestación este jueves, en protesta por la inseguridad en la céntrica y turística Avenida de Sabana Grande y las condiciones en que la policía debe actuar.
Martinez no llevaba chaleco antibalas cuando acudió a la llamada de los comerciantes que estaban padeciendo el asalto, porque esta parte de sus uniformes les ha dejado de ser entregada por falta de presupuesto.
De haberlo tenido, hoy estaría viva, se asegura.
Periodistas de la televisora privada que este miercoles repitió su reportaje en sus diferentes noticiarios dijeron que en sus locales se han estado recibiendo llamadas intimidatorias, mientras presuntos vehículos del organismo denunciado han pasado frente a sus instalaciones.
Organismos de defensa de los derechos humanos insisten en que las llamadas ejecuciones extrajudiciales son una violación en ascenso en Venezuela, por parte de diferentes órganos de seguridad, policiales y militares.
Raúl Cubas, coordinador de Provea, una organización humanitaria especialmente preocupada por estos temas, recordó a IPS que entre octubre de 1994 y septiembre de 1995 hubo 126 muertes en hechos en que estuvieron involucrados funcionarios policiales.
De ese total, 46 muertes correspondieron a ejecuciones extrajudiciales, presentadas después como enfrentamientos de la policía con delincuentes, cuando posteriores investigaciones demostraron que parte de ellos eran transeútes o ciudadanos sin ninguna conexión delictiva.
Cubas consideró como positivo para romper con la impunidad policial el que los medios de comunicación se atrevan a presentar versiones diferentes de las oficiales en este aspecto y que en esta ocasión no haya operado la solidaridad automática que alienta esa impunidad.
"Hay que quebrar la cultura de la impunidad", dijo Cubas.
En septiembre de 1994, el diario El Nacional difundió también la foto de un joven esposado en un vehículo policial que después apareció como presunta víctima de un enfrentamiento y después se demostró que no era delincuente.
En el informe anual difundido esta semana, Amnistía Internacional también resaltó que pese a las crecientes denuncias de ejecución extrajudicial no haya habido desde 1994, cuando se inició el gobierno del presidente Rafael Caldera, ninguna condena a efectivos policiales o militares por estos casos.
Para Cubas la policía no puede, cualquiera sea el caso, tomar la justicia por su mano, mientras criticó que miembros del gobierno señalen a las organizaciones humanitarias como defensoras de delincuentes o disculpen las acciones policiales.
Este martes, el canciller Miguel Angel Burelli dijo que en Venezuela "no hay ninguna intención oficial de quebrantar la dignidad humana".
No obstante, acotó que cuando la policía maltrata a un delincuente que por ejemplo ha robado, secuestrado y violado en un área marginal "se apela a los derechos humanos, pero ese hombre ha mantenido un desconocimiento total de los derechos de todo un barrio".
El domingo concluyó la primera visita a este país del relator de las Naciones Unidas para la tortura, Nigel Rodley, que en tres meses emitirá un informe sobre las crecientes denuncias de esa violación de los derechos humanos en Venezuela.
Burelli afirmó que la invitación a realizar esta visita, como la que en 1995 realizó Amnistía Internacional, responde "al compromiso del Estado venezolano con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos".
En Venezuela fue eliminada la pena de muerte en 1863.
El país, de 22 millones de habitantes, soporta un desborde de la delincuencia, impulsada por una crisis económica y de pérdida de valores que se sintetiza en unos 5.000 homicidios al año y decenas de muertos los fines de semana en el área metropolitana de Caracas. (FIN/IPS/eg/ag/ip/96
