Tres radios alternativas de Uruguay iniciaron hoy una batalla contra el gobierno por ocupar un espacio en las emisiones en frecuencia modulada, como resultado de un allanamiento practicado con orden judicial.
La atípica medida hizo emerger un sordo debate entre las emisiones clandestinas de radio y las empresas que tradicionalmente ocupan el espacio radial.
La Dirección Nacional de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Defensa, es la encargada en Uruguay de administrar el funcionamiento de las emisoras radiales y de televisión.
Las emisoras de pequeño alcance como las radios alternativas o comunitarias no están comprendidas dentro de la antigua reglamentación vigente.
En el allanamiento no se incautaron equipos básicos para las transmisiones porque estaban fuera de los tradicionales lugares de emisión: la sala y el comedor de una casa de familia y un pequeño club deportivo de barrio.
El 25 de abril, otros funcionarios habían incautado los equipos de Oxígeno, una radio comunitaria de La Paloma, en el central departamento de Durazno, 200 kilómetros al norte de Montevideo.
Los vecinos del lugar han reclamado al ministro de Defensa, Raúl Iturria, nacido en Durazno, que permita el funcionamiento de la radio.
El 27 de junio comenzará a emitir en Montevideo una radio administrada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que se sumará a casi dos decenas de radios piratas en todo el país.
Durante un seminario de radios alternativas del Cono Sur realizado a comienzos de mayo en Montevideo, los participantes reinvindicaron el funcionamiento de las radios comunitarias o alternativas.
Vicky Quevedo, de Radio Tierra, de Chile, arguyó que se trata de "proyectos comunicacionales alternativos en el sentido de alterar un orden establecido, de alterar símbolos, valores y conductas que de alguna manera están legitimados".
Para Gustavo Puig, asesor legal las radios uruguayas allanadas, la medida judicial fue un procedimiento irreglar en contra de la Constitución.
"Es una actividad lícita, al márgen de los jueces, en la medida que el artículo 10 de la Carta habilita la actividad de las personas que no afecte el orden público ni dañe a terceros", dijo Puig a IPS.
El abogado precisó que el Pacto de San José de Costa Rica establece que la actividad de prensa no puede ser cercenada por vía indirecta como son las autorizaciones o controles administrativos.
"Estamos expresándonos sin ofender los derechos de otros a hacerlo", sostuvo una declaración pública de las tres radios afectadas y destacaron que le legislación debe incluir un nuevo concepto de radio: la comunitaria.
Gustavo Gómez, de El Puente, argumentó que su meta es "darle voz a la gente que no tiene acceso" a las emisoras comerciales y una eventual prohibición restringe el acceso "a la mayoría de los sectores sociales de este país".
Durante el encuentro de radios alternativas Gómez había fustigado la "estrecha asociación" entre "el poder político de turno y la estructura de dominio de clase".
Esa relación fue cuestionada desde fines de 1994, cuando el gobierno del ex presidente Luis Lacalle adjudicó varios canales de televisión por cable y emisoras radiales de frecuencia modulada.
Las adjudicaciones derivaron en varias impugnaciones. A comienzos de este mes un tribunal que dirime cuestiones contenciosas del area administrativa anuló por irregulares, tres adjudicaciones de televisión por cable en el interior del país.
Roque Faraone, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad estatal, dijo que el gobierno "no tiene ningún criterio social ni jurídico para otorgar frecuencias, salvo la discrecionalidad y el favoritismo político".
Los expertos creen que en Uruguay, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región y del mundo, no será fácil lograr que el gobierno regule el funcionamiento de las radios alternativas.
Como ejemplo de la diferencia de lo que sucede en otros países indicaron que en Argentina, radio La Tribu, que comenzó como un proyecto estudiantil en Buenos Aires, transmite actualmente durante las 24 horas, con 20 trabajadores rentados y una audiencia superior a 45.000 personas.
Recientemente radio Colifata (loca, en lunfardo), una emisora operada por pacientes de un hospital psiquiátrico estatal de Buenos Aires, fue puesta como ejemplo terapéutico por la BBC de Londres y otros medios europeos.
En Chile, el gobierno ya habilitó el funcionamiento de 11 radios comunitarias, mientras que casi un centenar espera similar autorización como resultado de gestiones que realiza la Agrupación Nacional de Radio Popular de Chile. (FIN/IPS/rr/ag/cr/96)
