Más de 250.000 trabajadores perdieron su empleo en Perú por la quiebra de compañías privadas y la desaparición de empresas públicas provocadas en los últimos cinco años por las medidas de ajuste económico y la reforma del Estado.
Alrededor de 120.000 cesantes eran empleados públicos, y según versiones procedentes del Ministerio de Economía, otros 100.000 podrían ser despedidos en los próximos meses, cuando se inicie la segunda etapa de la reforma del Estado.
La población económicamente activa de Perú comprende 8,6 millones de personas, de las cuales siete por ciento, o 604.800, no tienen empleo, según el Ministerio de Trabajo.
La revista Análisis Laboral aumenta la cantidad de desocupados a 800.000 y otra publicación, Avance Ecónomico, señala que "sólo uno de cada siete trabajadores tiene un empleo digno".
De acuerdo con Avance Económico, 75,9 por ciento de los trabajadores ocupados en relación de dependencia perciben menos del salario mínimo vital, que en enero era de 320 dólares mensuales y, por tanto, son considerados subempleados. Cada año se incorporan 220.000 personas al mercado de trabajo.
La población pobre, conformada por quienes perciben un ingreso mensual máximo de 32 dólares en la ciudad y de 20 en el medio rural, suma 12 millones de personas, sobre un total de 23 millones de habitantes del país.
Cinco millones de peruanos se encuentran en situación de extrema pobreza, que caracteriza a quienes obtienen ingresos mensuales inferiores a 23 dólares en las ciudades y a 15 dólares en el campo.
Los gobiernos anteriores enfrentaron el desempleo con la creación de puestos de trabajo en el sector estatal o mediante obras públicas, dos procedimientos rechazados por la actual administración que, entre sus primeras decisiones, redujo el personal de los ministerios y otros organismos del Estado.
Fujimori informó el día 13 al Congreso que en el segundo semestre del presente año comenzará la segunda etapa de la reestructuración del Estado, un anuncio interpretado como anticipo de una nueva ola de despidos en el sector público.
La reforma del aparato del Estado está contenida en el programa económico comprometido por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
El programa de ajuste pactado en 1991 con el FMI y el Banco Mundial puso fin a la hiperinflación de 7.000 por ciento que Fujimori heredó de sus predecesores en el gobierno y favoreció el crecimiento de la economía en 1994 y 1995, aunque el actual ejercicio presenta síntomas de recesión.
El producto interno bruto (PIB) aumentó 11,9 por ciento en 1994 y 6,9 por ciento en 1995. Pero, según los analistas, se trató de dos años de "crecimiento sin empleo", porque las empresas industriales y exportadoras que capearon la crisis de los años previos se reconvirtieron sin aumentar su personal.
"El modelo no esta funcionando bien, el aparato productivo se recalentó, obligando a adoptar medidas recesivas este año", opinó el parlamentario opositor Lajo Lazo
La política gubernamental se hunde en la "categoría del fracaso" en materia de generación de empleo, "que siempre ha sido el punto crítico de nuestra estructura socioeconómica", dijo el legislador.
Lazo reclama una corrección urgente del modelo económico, "especialmente de sus prioridades, para enfatizar el desarrollo social más que el incremento estadístico de la producción".
Victor Joy Way, ex ministro de Industrias de la administración de Fujimori y líder de la bancada oficialista en el Congreso, advirtió que el Estado no generará empleo ni se hará cargo de los funcionarios despedidos por la reforma de los ministerios y la privatizacionde empresas públicas.
"Esa es una responsabilidad que debe ser asumida por el sector empresarial privado. Al Estado le corresponde crear las condiciones apropiadas para el crecimiento empresarial. De esa manera se ayudará a reducir la desocupación", según Joy Way.
El gobierno estimula la renuncia a empleos públicos mediante el pago entre 10 y 15 sueldos, que explican la proliferación de taxis y de vendedores ambulantes.
Los empleados despedidos de compañías estatales privatizadas reciben también capacitación supuestamente adecuada para formar sus propias empresas o incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral.
Así mismo, empresas privatizadas han contratado el servicio de asociaciones y cooperativas formadas por algunos de sus ex empleados.
Los despedidos son empujados por el programa oficial de reajuste a tratar de convertirse en pequeños empresarios, pero el escenario que encuentran es "duro y poco acogedor", advirtió Eduardo Farah, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
Farah consignó en un informe que la mano de obra industrial no crece desde hace seis años y se redujo 0,4 por ciento en 1995. Perú cuenta con 3,1 millones de empresas, 82 por ciento de las cuales son informales, de acuerdo con información oficial.
Los despedidos que intentan crear empresas se incorporan generalmente al sector informal, que reduce costos mediante el pago de bajos salarios y la evasión de aportes a la seguridad social.
Román Miu, presidente de la Asociación de Pequeñas y Microempresas, afirma que su sector emplea 75 por ciento de la población económicamente activa y su contribución al PIB es de 40 por ciento.
Las pequeñas empresas, identificadas por una facturación anual inferior a 750.000 dólares, y las microempresas, cuyas ventas no superan los 40.000 dólares al año, constituyen 40 por ciento de las 1,2 millones de compañías existentes en el país. (FIN/IPS/al/ff/lb/96
