Los gobiernos del mundo recogieron el guante arrojado por las organizaciones no gubernamentales y se comprometieron a enfrentar las malas prácticas sociales, ambientales y laborales de las corporaciones transnacionales.
Representantes de más de 180 países reunidos en Estambul incluyeron en un plan mundial de vivienda y asentamientos humanos el compromiso de resistir a las grandes empresas, tras atender las acusaciones de activistas que acusaron a los gobiernos de abandonar sus responsabilidades en una economía global.
"Esta es una gran victoria", dijo Kitazawa Yoko, copresidenta del Centro de Investigaciones de Asia y el Pacífico e integrante de la coordinación de organizaciones no gubernamentales femeninas que asisten a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II).
Con el descenso de la asistencia al desarrollo de los países ricos a los pobres, los términos "sector privado" se convirtieron en el mantra con que gobiernos y otros planificadores de desarrollo procuran aliviar la decadencia general de las ciudades.
Los fondos de asistencia al desarrollo procedentes de gobiernos y entidades internacionales oficiales, que se ubicaron en 58.000 millones de dólares en 1994, descendieron en términos reales a su nivel más bajo desde 1973.
El Fondo Monetario Internacional atribuyó la caída a los problemas que enfrentan los presupuestos nacionales de los países donantes y el incremento de la demanda de asistencia de los antiguos países socialistas de Europa oriental.
"Los flujos del sector privado son tres o cuatro veces mayores que la asistencia oficial al desarrollo", dijo Ismail Serageldin, vicepresidente de cuestiones ambientales y desarrollo sostenible del Banco Mundial.
Serageldin explicó que 80 por ciento de la inversión privada se concentra en 20 países, y sostuvo que las empresas deben comportarse en forma socialmente responsable y ambientalmente "amistosa".
Organizaciones no gubernamentales femeninas afirmaron que los gobiernos retroceden en cuanto a sus responsabilidades de suministrar servicios sociales y dinero necesario para el establecimiento de condiciones de vida decorosas, pues se respaldan cada vez más en las fuerzas de mercado.
Los países industrializados de Occidente se comprometieron a suministrar 0,7 por ciento de sus productos internos brutos como asistencia oficial al desarrollo, en una resolución adoptada luego, en 1970, por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los mismos estados reiteraron en 1992 su compromiso de cumplir con esa meta "tan pronto como sea posible" en la Conferencia de ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también denominada "Cumbre de la Tierra", en Río de Janeiro.
Pero apenas Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia cumplieron con ese objetivo, mientras los países occidentales recortan sus propios servicios sociales nacionales.
"Esto significa que el sector privado está haciendo lo que los gobiernos deberían hacer", dijo Yoko.
En las negociaciones que transcurren en Estambul, la ONU quedó aislada cuando objetó la inclusión en el borrador de declaración final los compromisos de 1970 y 1992.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales tuvieron éxito en la primera semana de la conferencia cuando lograron el respaldo para llamar a la responsabilidad al sector privado de parte de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y los 132 integrantes del Grupo de los 77 países en desarrollo.
Ninguna de esas preocupaciones fueron incluidas en el plan de acción de Hábitat II.
Los grupos de presión femeninos se reunieron con la delegación de Estados Undos la semana pasada. Como resultado, Washington resolvió desarrollar la idea de que las empresas reinviertan los beneficios en las comunidades donde trabajan.
"Estados Unidos ve que cuenta con caminos para ser un jugador respetable en la comunidad mundial. No tiene que predicar apenas sobre derechos humanos cuando ignora las violaciones a los derechos económicos", dijo Susan Davis, de la Organización Femenina de Ambiente y Desarrollo (WEDO).
El borrador de plan de acción llama a "asegurar que el sector privado, incluso las empresas transnacionales, cumplan con las leyes nacionales, las regulaciones de seguridad social, los acuerdos, instrumentos y convenciones internacionales, entre ellas las relativas a ambiente y trabajo".
Las organizaciones no gubernamentales acusan al sector privado de ser responsable de muchos desalojos forzados y carencias de vivienda, dos de los puntos más importantes considerados en Hábitat II. (FIN/IPS/tra-en/yjc/rj/mj/ip dv if/96)
