El diálogo social impulsado por el gobierno de España amenaza con hundirse antes de que los sindicatos y los empresarios, sus principales actores, comiencen la negociación.
Angel Campos, portavoz de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos centrales sindicales mayoritarias, dijo este martes que la actitud de los empresarios frente al mercado de trabajo revela su voluntad de precipitar el fracaso del diálogo social.
El presidente del gobierno, José María Aznar, prometió en la campaña que lo llevó al triunfo en las elecciones del 3 de marzo que una de sus primeras medidas sería convocar a los actores sociales, en busca de un acuerdo sobre empleo.
Así lo hizo, y el primer encuentro se produjo el 15 de mayo, aunque todavía no comenzó la negociación. Esta semana, tras escuchar las opiniones divergentes de sindicalistas y empresarios, Aznar advirtió que, en caso de desacuerdo entre las partes, "el gobierno tendrá que gobernar".
La frase de Aznar fue interpretada como un aviso de que no demorará en tomar decisiones por su cuenta, si los interlocutores sociales fracasan en la búsqueda de soluciones consensuadas.
Campos solicitó mayor claridad a Aznar y le exigió que "ponga orden en su propia casa y en los alrededores, antes de solicitar con vehemencia a los agentes sociales que alcancen acuerdos en el proceso de concertación social".
La mayor discrepancia se verifica en torno del mercado laboral. Todos coinciden en que la desocupación es el principal problema que afecta a España, y las diferencias surgen a la hora de identificar soluciones.
CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) exigen al gobierno medidas de promoción del empleo, y a los empresarios que reinviertan sus ganancias, para que crezca la economía y se generen nuevos puestos de trabajo.
Los dirigentes empresariales, de una manera clara y directa, y el gobierno en forma ambigua, se pronuncian por una nueva regulación del mercado de trabajo, abarantando el despido y reduciendo las cotizaciones patronales a la seguridad social. Esas decisiones, aseguran, relanzarían la economía y crearían empleo.
Cuando Campos se refiere a la necesidad de que el jefe del Ejecutivo ponga orden en su casa y alrededores, se refiere a contradicciones entre el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, por un lado, y el gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, y el Director de la Oficina Presupuestaria del gobierno, José Barea, por otro.
Rato prometió reformas liberales, pero preservando la paz social. Rojo y Barea, en la misma línea de los dirigentes empresarios, se pronuncian por el abaratamiento del despido y la disminución de los aportes sociales.
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, señaló que ninguna reforma unilateral del mercado de trabajo se realizará sin contar con los agentes sociales, y aseguró que si el diálogo social se rompe, nunca lo será por iniciativa del Ejecutivo.
En España existen 15,7 millones de personas en condiciones y dispuestas a trabajar. De ellas, 3,6 millones están desocupadas. Entre el resto se cuentan tres millones de trabajadores por cuenta propia y algo más de nueve millones de asalariados, de los cuales 66,5 por ciento tienen contrato permanente y 33,5 por ciento, temporales.
Los últimos no reciben indemnización cuando termina su contrato. Los permanentes o fijos pueden percibir tres tipos diferentes de indemnización, dependiendo de que el despido se deba al incumplimiento de sus deberes, a crisis de la empresa o que sea improcedente, al no existir ninguna de esas dos causas.
El secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, anticipó que si el gobierno abarata el despido, su organización – – previsiblemente junto con UGT – – convocará movilizaciones para lanzar una respuesta "contundente, generalizada y prolongada en el tiempo", hasta impedir esa medida.
Mientras, Santiago Bengoa, dirigente de CCOO en el País Vasco, intervino en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, para denunciar en nombre de las dos centrales sindicales mayoritarias la tentativa de reducir el costo de los despidos.
Bengoa solicitó que el desempleo sea abordado en el ámbito europeo. Al respecto, propuso la negociación de convenios sectoriales europeos, entre organizaciones empresariales y laborales, conforme a las reivindicaciones de la Confederación Europea de Sindicatos. (FIN/td/ff/lb/96).
