Los incesantes esfuerzos de políticos y funcionarios comerciales estadounidenses para servir a un magnate bananero bien conectado están empujando al Caribe al borde del colapso, y afectando, además, la lucha antidroga de Washington.
Si bien las advertencias de autorizados críticos no son nuevas, hay una urgencia creciente tras el reciente derrumbe de los esfuerzos para negociar un arreglo, según opositores de la política estadounidense que participaron esta semana de un foro.
Los intentos en marcha por parte de Washington, para presionar a la Unión Europea (UE) que abandone su tratamiento preferencial a los productores bananeros caribeños, "amenazan destruir" los pequeños estados insulares de la región, arguyó Randall Robinson, titular del TransAfrica Forum, que patrocinó la conferencia.
"Para nosotros es importante mantener esta industria. Es la base de nuestra democracia", apuntó Eugenia Charles, ex primera ministra de Dominica, un estado que obtiene el 70 por ciento de sus ingresos en moneda extranjera a través de la venta de bananas.
Charles, quién fué una firme aliada de Estados Unidos mientras estuvo al frente del gobierno de Dominica, previno que un colapso de la industria bananera podría transformar a los trabajadores en "sirvientes de los barones de la droga".
"Por supuesto, esa podría ser la intención de América (Estados Unidos)…", dijo.
Los aspectos controvertidos en torno a la política de importación de bananas instituída por la UE en julio de 1993, son que otorgan a los productores africanos, caribeños y del Pacífico acceso preferencial al mercado en desmedro de la banana latinoamericana, que se exporta más barata.
Bajo el régimen, productores bananeros de Jamaica, Grenada, Belice, Saint Vincent y Grenadinas, Suriname, Saint Lucia y Dominica tienen garantizada una cuota del 10 por ciento de los mercados europeos, estimado en 3,5 millones de toneladas anuales.
El régimen bananero de la UE cayó bajo el fuego cerrado de Chiquita Brands International. Los críticos denunciaron que su multimillonario propietario, Carl Linder, usó sus amplios poderes para comprar apoyo político de Washington en favor de su causa.
La firma multinacional, con sede en Cincinnati, elevó una protesta a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), afirmando que el comercio bananero de la UE violaba las normas del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Tras intensas negociaciones, formales e informales, que no lograron producir un compromiso, la USTR, con apoyo de Ecuador, México, Guatemala y Honduras, pidió un panel de la OMC para solucionar el pleito porque el régimen bananero europeo violaba las normas del comercio internacional.
La oposición al régimen bananero de preferencias de la UE es "anticaribeña" e, inadvertidamente, "favorable al cartel de la droga", dijo Robinson. Advirtió que una decisión en favor de Estados Unidos por parte de la OMC "hará a los estados caribeños más vulnerables a los designios exteriores de los carteles".
Los críticos acusaron a Washington de representar exclusivamente los intereses de Chiquita porque no está en juego el empleo de ciudadanos estadounidenses.
Robinsón señaló las "grandes contribuciones" que Linder, sus compañías y altos ejecutivos, han donado tanto a demócratas como republicanos. Afirmó que Linder tiene virtuales "derechos de propiedad" sobre Bob Dole, el probable candidato presidencial republicano y actual líder de la mayoría en el Senado.
Según el grupo de vigilancia Common Cause (Causa Común), Linder y sus asociados canalizaron más de 950.000 dólares en "dinero blando" hacia las arcas de las campañas proselitistas de demócratas y republicanos. Esos fondos, que rebasaron los límites de la campaña federal, incluyeron 584.000 dólares en contribuciones efectuadas entre noviembre y diciembre de 1994.
No obstante, un funcionario de la USTR aseguró que la oposición al regimen bananero de la UE fué manifestada "mucho antes que hubieramos escuchado hablar de Carl Linder". Aseguró que Washington se oponía al régimen europeo solo porque violaba normas establecidas sobre libre comercio.
Adujo que Estados Unidos estaba obligando a los caribeños a tomar medidas que, de todas maneras, habrían debido adoptar cuando expirase el acuerdo con la UE en el 2002. En su opinión, sin el actual ímpetu estadounidense para romper la dependencia bananera de los caribeños, "podrían terminar peor de lo que están ahora…".
Sin embargo, los estados caribeños ya están tratando de diversificar sus economías, respondió Charles. "Deben diversificarlas con bananas".
"Si pierden su única exportacion, bananas, se terminó todo", declaró la legisladora Maxine Waters de California, quien con otros 37 colegas de Capitol Hill envió recientemente una carta al presidente Bill Clinton pidiendole retirar la petición a la OMC.
"Esos pequeños países son fácilmente vulnerables a los barones de la droga", previno Waters.
El general John Sheehan, comandante supremo para la región Atlántica, aportó amplias pruebas apoyando las voces de alarma por el peligro de una eventual expansión del narcotráfico en el Caribe.
Actualmente, cerca del 30 por ciento de las 850 toneladas de cocaína producidas anualmente en América Latina van a parar al Caribe, y la mayor parte finaliza en Estados Unidos.
Sheehan indicó que una reciente ola de asesinatos en Saint Kitts-Nevis está vinculada con el narcotráfico y los carteles de la droga "casi se apoderaron del país". También citó los recientes arrestos de oficiales de policía en Grenada, acusados de recibir sobornos de los traficantes.
Muchos de los argumentos formulados por los críticos de la política de Estados Unidos surgieron antes que surgiera el tema bananero. Sin embargo, Robinson dijo que el fracaso de las negociacione en abril imponían urgencia a la cuestión porque fué el resultado de la presentacion de la queja de Washington ante la OMC. Una decisión al respecto es esperada para fín de año. (FIN/IPS/tra-en/pz/jl/ip-if).
