En todas las regiones del mundo, los gobiernos perpetraron durante 1995 innumerables ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y torturas, y aplicaron la pena de muerte, denunció el Informe Anual de 1996 de Amnistía Internacional (AI).
El documento, que señala violaciones de los derechos humanos en 146 países, sostuvo que en el período, millares de presos permanecieron detenidos después de procesos injustos o sin haber sido acusados de la menor falta.
A pesar de proclamarse partidarios de la causa de los derechos humanos, los gobernantes se mostraron desafectos a la protección de los derechos de sus ciudadanos.
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en septiembre pasado en Beijing con el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas, los gobiernos se comprometieron a proteger los derechos fundamentales de las mujeres.
Sin embargo, afirmó Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad de esos gobiernos siguieron violando con impunidad total los derechos de las mujeres.
AI denunció asesinatos y torturas cometidos por grupos paramilitares que, con frecuencia, son organizados, adiestrados, armados y protegidos por las autoridades constituidas.
Los escuadrones de la muerte se encargan de las tareas sucias, mientras sus mandantes niegan toda responsabilidad en las atrocidades cometidas.
Organizaciones armadas opositoras fueron también culpables de numerosos abusos contra poblaciones civiles y con frecuencia dirigieron sus ataques contra niños, mujeres y ancianos.
Los grupos irregulares, recordó AI, muchas veces reciben armas de gobiernos extranjeros adheridos a su causa.
Según AI, miles de personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 63 países, entre los que el informe mencionó a Bahrein, Burundi, Colombia, India, Rusia y Ruanda.
Asímismo, Amnistía destacó que se carece de noticias de más de 140.000 personas víctimas de desaparición forzada en 49 paises durante los últimos años, incluido 1995.
El documento indicó que existe el temor de que numerosos desaparecidos fueran asesinados, especialmente en Burundi, Ruanda, Colombia, Irak, Sri Lanka y Turquía.
Por lo menos 10.000 detenidos soportaron tortura y maltrato, incluidas violaciones, en 114 paises, entre los que figuran Indonesia y su dominio de Timor Oriental, e Irán, México, la República Federal de Yugoslavia y Sudán.
Más de 4.500 presos habrían muerto a causa de torturas o debido a las condiciones inhumanas de encarcelamiento en 54 naciones, de las cuales AI mencionó a Egipto, Kenia, Birmania y Turquía.
En 85 países, entre los que se cuentan Bosnia-Herzegovina, China, Kenia, Perú y Túnez, hay personas encarceladas por sus convicciones.
Mientras, en Arabia Saudita, China, Colombia, Nigeria, República Federal de Yugoslavia y otras 22 naciones se cuentan ciudadanos presos después de ser sometidos a proceso judicial injusto.
Aministía agregó que 46.000 personas están detenidas sin acusación formal en 43 países, entre los que mencionó a Azerbaiján, India, Israel, Cisjordania y Gaza, incluidas las áreas bajo la Autoridad Nacional Palestina, y Paraguay y Ruanda.
Unas 2.900 ejecuciones judiciales fueron registradas durante 1995 en 41 países entre los que figuran China, Estados Unidos, Kazajstán y Nigeria, aunque Aministía considera que la cantidad fue superior a la que consta en la información oficial.
Los condenados a muerte sumaban 3.700 en 1995 y otros 5.500 prisioneros se encontraban a punto de recibir la misma sentencia.
España, Mauricio, Moldavia y Sudáfrica abolieron en 1995 la pena de muerte, pero Gambia la restableció.
Grupos armados de oposición perpetraron torturas, captura de rehenes y asesinatos "arbitrarios y deliberados" en 41 paises, entre los que Amnistía mencionó a Afganistán, Argelia, Colombia, Gran Bretaña y Sierra Leona.
En su Informe Anual 1996, Amnistía denunció también el comercio de instrumentos de tortura y la actitud de los gobiernos de permitir la venta de armas a regímenes "tristemente célebres" por su falta de respeto a los derechos universales del hombre. (FIN/IPS/pc/ff/hd/96)
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