La liberación de más de 100 activistas demócratas dispuesta por la junta militar de Birmania este fin de semana es considerada por los gobiernos de Asia oriental un éxito de su política de "compromiso constructivo" con la dictadura de Rangún.
De todos modos, mientras la líder del movimiento demócrata, Aung San Suu Kyi, esté impedida de efectuar campañas públicas, la por ahora tranquila diplomacia de la región vigilará más de cerca la situación en Birmania en los próximos meses.
"Lo peor para Japón sería una reedición de la represión violenta que se produjo en 1988, lo cual sería considerado un fracaso de su política exterior", dijo Kei Nemoto, profesor de política birmana en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio.
El sangriento aplastamiento del movimiento demócrata en 1988, seguido por el arresto domiciliario de Suu Kyi en 1989, provocó indignación en todo el mundo. Los países ricos suspendieron sus programas de asistencia a Birmania, país también conocido como Myanmar.
Los gobiernos regionales están bajo una nueva ola de fuerte presión de quienes reclaman más dureza contra la junta, tras el arresto a mediados de mayo de más de 250 simpatizantes de la Liga Nacional Democrática (NLD), el partido que lidera Suu Kyi, poco antes del congreso del grupo político.
Dirigentes birmanos exiliados, medios de comunicación y grupos de defensa de los derechos humanos de la región reclamaron a los gobiernos que, por lo menos, amenazaran al régimen militar con sanciones económicas para que se libertara a los detenidos.
Sin contar a Estados Unidos y Europa, los activistas confiaban en que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) podría, al menos, condenar públicamente los arrestos.
Un pronunciamiento en tal sentido habría sido un claro mensaje de que Birmania no sería aceptado como integrante del bloque regional hasta que pusiera en marcha reformas democráticas.
La Unión Europea se vio impedida de aprobar una declaración de rechazo a los arrestos debido a la negativa de Gran Bretaña, que pretendía de ese modo manifestar su malestar por las sanciones comerciales de que es objeto a causa de la fiebre "de las vacas locas", enfermedad que afecta al ganado británico.
Tailandia, y, en menor medida, Filipinas, declararon su desazón por los arrestos, pero los restantes cinco países integrantes de ASEAN, al que Birmania aspira a integrar en el 2000, no pronunciaron una sola palabra de condena.
Malasia, uno de los naciones más influyentes dentro del bloque, insistió, incluso, en no inmiscuirse en los asuntos internos de Birmania.
Buena parte de las presiones de la región dependen de Japón, que se puso a la cabeza de los intentos de mediación entre la junta, autodenominada Consejo de Restauración del Orden y la Ley del Estado, y la NLD.
Los funcionarios de la embajada de Japón en Rangún se han reunido con la junta y con Suu Kyi durante la reciente crisis, y la liberación de la mayoría de los simpatizantes de la NLD este fin de semana puede considerarse resultado de esas conversaciones.
Kyi Maung, vicepresidente de la NLD, dijo que Tokio estaba en una buena posición para negociar con la junta, pues sus integrantes perciben a Estados Unidos y Europa de lado de Suu Kyi, quien recibió el premio Nóbel de la paz en 1991, cuando aún sufría arresto domiciliario.
Por otra parte, la diplomacia de Japón adoptó una actitud de "espera y observación". "La Cancillería de Japón quiere, sobre todo, que las cosas se resuelvan amigablemente", sostuvo el catedrático.
Pero Tokio soporta la presión de los admiradores japoneses de Suu Kyi y, por otro lado, de los empresarios, que se quejan pues quedaron a la zaga de Estados Unidos, Europa y el resto de Asia en lo que refiere a inversión en Burma.
Después de la liberación de Suu Kyi en julio del año pasado, tras seis años de arresto domiciliario, Japón anunció que levantaría la suspensión de su asistencia gradualmente, de acuerdo con la velocidad que imprimiera la junta a las reformas democráticas.
Tokio suministró inicialmente a Birmania fondos con destino humanitario por 16 millones de dólares. Para este año se prevén préstamos para sectores como el de energía eléctrica.
Pero, desde entonces, el gobierno de Japón soporta la presión de activistas por los derechos humanos, para quienes la junta birmana ha hecho poco por la restauración de la democracia.
Los empresarios, por su parte, sostienen que las reformas económicas están avanzando en Birmania, al margen de la situación política, y que la mano de obra barata abona un campo fértil para los negocios.
El gobierno, en tanto, parece tomar el camino del medio y remite solo ayuda humanitaria, lo cual no conforma a los empresarios ni a los opositores birmanos en el exilio.
"Japón cree que una clase media fuerte es clave para el desarrollo de la democracia en Birmania. Por eso no quiere cerrar la puerta demasiado de pronto en este momento", explicó Ikuko Iida, experto del Instituto de Economías en Desarrollo de Tokio.
"Para Tokio es fácil obligar a Birmania a asumir las reformas. Puede, por ejemplo, facilitar asistencia oficial para el desarrollo con condiciones como, por ejemplo, el diálogo con Suu Kyi", dijo, por su parte, un refugiado birmano en Japón.
Suu Kyi, en cambio, acusó reiteradamente a "grandes y codiciosas compañías japonesas" por su "precipitado compromiso económico" con Birmania. (FIN/IPS/sk/cpg/mj/ip hd if/96)
