El gobierno uruguayo se propone combatir el lavado de dinero del narcotráfico sin afectar el secreto bancario, tras recibir fuertes críticas de Estados Unidos.
El parlamento discute desde esta semana un proyecto que incorpora a la legislación de este país, considerado "un paraíso fiscal" por Argentina y Brasil, la figura delictiva de "lavado de dinero" y aumenta las atribuciones de los jueces en la materia.
"El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los dead de sancionar al banco que no acepte los fundamentos para dejar sin efecto el secreto, porque no existen normas precisas.
Alberto Scavarelli, vicesecretario de la Presidencia y coordinador de la Junta Nacional de prevención y represión del tráfico ilícito y uso abusivo de drogas, advirtió la necesidad de legislar en la materia.
La norma ahora propuesta, dijo Scavarelli, acompasa la legislación local a las últimas resoluciones del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas.
Scavarelli presidirá el 21 y 24 de este mes en Washington la reunión del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre estrategias para el combate contra la droga en el siglo XXI.
El grupo de trabajo de la OEA intentará impulsar propuestas para hacer frente al narcotráfico mediante una estrategia globalizadora.
Scavarelli dijo este jueves que los paises industrializados aceptan por unanimidad la tesis de responsabilidad compartida, y abandonan la concepción que concentra en la oferta la responsabilidad de la lucha contra la producción y tráfico de drogas.
En 1994 y 1995, la oficina de narcóticos y asuntos legales del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuatro integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), son centro de lavado de dinero del narcotráfico.
El informe de 1995 alertó sobre las "dilaciones" bancarias en dar información a los jueces porque "se sabe que la comunidad bancaria se opone a regulaciones adicionales, como reportar en forma obligatoria las transacciones sospechosas".
El secreto bancario que rige en Uruguay es defendido con énfasis por el gobierno y por el sistema bancario, que lo considera como una de las bases de su estabilidad, por las garantías que representa para los depositantes extranjeros.
Durante 1995 los depósitos de no residentes en el sistema financiero localllegaron 3.150 millones de dólares, mientras que los depósitos de residentes se situaron en 4.300 millones de dólares, según los últimos datos del Banco Central.
Sin embargo, fuentes de la autoridad monetaria dijeron a IPS que "al menos 10 por ciento" de los depósitos de residentes pertenecen a argentinos y brasileños con propiedades en Uruguay, en particular en el excusivo balneario de Punta del Este.
Uruguay, país de 3,1 millones de habitantes, presenta una fuerte dependencia económica de Agentina y Brasil, sus dos vecinos.
La crisis mexicana de fines de 1994 determinó en Uruguay un aumento de casi 1.000 millones de dólares de los depósitos de no residentes, y esos fondos se han mantenido "dentro del sistema", según las fuentes.
La captación de capitales argentinos y brasileños en Uruguay no estuvo ajena al diálogo que mantuvieron en Buenos Aires los presidentes Carlos Menem, de Argentina, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil.
El 9 de abril, Menem y Cardoso acordaron "presionar firmemente" para "terminar con los paraísos fiscales" que permiten el lavado de narcodólares en "otros países" que no mencionaron.
Cardoso avanzó en el texto de la declaración conjunta y pareció aludir a Uruguay: "En Argentina y Brasil no tenemos paraísos fiscales, Por el contrario somos víctimas de ellos".
Fuentes oficiales argentinas consultadas por el diaro Clarín, de Buenos Aires, admitieron que Argentina y Brasil "están preocupados por las actividades ilegales que se realizan en Ciudad del Este, Paraguay y la negatiga de Uruguay a dar nombres sobre poseedores de cuentas bancarias ante pedidos judiciales". (FIN/IPS/rr/ff/ip/96).
