Los problemas que padece Panamá para controlar su frontera con Colombia, desde donde ingresan guerrilleos y narcotraficantes, volvieron a sacar a la superficie el fantasma del militarismo en este país centroamericano.
La abolición del ejército, dedidida hace dos años por el parlamento tras una reforma de la Constitución, no fue suficiente.
El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Carlos Alvarado, sugirió constituir una fuerza militar de élite para controlar la desprotegida frontera con Colombia.
Alvarado, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), opinó que se debería volver a reclutar un grupo élite de las desaparecidas Fuerzas de Defensa Nacional, denominados "Machos de Monte", para constituir una fuerza de frontera.
Los "Machos de Monte" junto a las civiles "Milicias de la Dignidad" soportaron casi todo el peso de la resistencia a la invasión de Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989, que depuso al gobierno del general Manuel Noriega.
La propuesta de Alvarado ocurre pocos días después que altos funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia (interior) admitieron haber solicitado ayuda temporal al ejército de Estados Unidos acantonado en el área del canal de Panamá para controlar la frontera con Colombia.
Según el ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro, la actual Fuerza Pública panameña carece de equipos, armas y entrenamiento para evitar el ingreso de la guerrilla y grupos de narcotraficantes colombianos a través de la frontera.
La anunciada presencia de tropas estadounidenses en la zona fronteriza desató una ola de protestas y críticas de diversos sectores políticos de Colombia, que obligó al gobierno a precisar los objetivos de la movilización militar extranjera.
No obstante, la cancilleria panameña informó el lunes que la fuerza aérea de Estados Unidos fue autorizada por el gobierno local a realizar vuelos sobre la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de detectar laboratorios de cocaína y pistas clandestinas usadas por el narcotráfico.
La propuesta de Alvarado, que -según declaró- busca evitar "que vengan fuerzas extranjeras a cuidar el patrimonio" nacional, llevó a la oposición local a advertir sobre un presunto regreso al militarismo de la época de Noriega.
El ex vicepresidente Guillermo Ford, instalado en el poder tras el derrocamiento de Noriega en 1989, afirmó que la sugerencia de reagrupar a los militares del ex dictador implica "no respetar a la ciudadania panameña".
A pesar de esa afirmación, 67 por ciento de los panameños que sufragaron en el referendo convocado por Guillermo Endara en noviembre de 1993 para abolir constitucionalmente las antiguas Fuerzas de Defensa se pronunciaron en contra de la iniciativa.
La abolición se produjo posteriormente mediante votaciones especiales en dos períodos parlamentarios diferentes, según lo previsto en una disposición constitucional.
Ford insistió en que la propuesta de Alvarado cuenta con el aval de "algunos miembros del PRD que quieren regresar al pasado a una velocidad supersónica sin detenerse a pensar que el pueblo panameño está dispuesto a perdonar, mas no olvidar".
El PRD, fundado en 1978 por el general Omar Torrijos, estaba considerado "brazo político" de los regímenes militares que gobernaron Panamá desde 1968 a 1989.
El segundo episodio de la polémica ocurrió en el parlamento, donde diputados oficialistas y de la oposición se enfrascaron en una dura batalla verbal que consumió gran parte de las sesiones del lunes y martes de esta semana.
El diputado Alfredo Arias, del Partido Arnulfista, el segundo más votado en las elecciones de mayo de 1994, acusó a Alvarado y al PRD de pretender reflotar una fuerza militar de élite que "oprimió al pueblo durante los 21 años de dictadura militar" (1968-1989).
Franz Wever, diputado del PRD, respondió que los arnulfistas y los grupos económicos poderosos de Panamá "se hicieron ricos con los cuarteles y ahora quieren mantener a los militares encerrados en un cuerpo de policia".
El obispo de Darién Rómulo Emiliani acusó a su vez a gobierno y oposición de exagerar la situación en la frontera con Colombia.
Tras admitir que se han producido incursiones esporádicas de guerrilleros en territorio panameño, Emiliani explicó que las mismas nunca han llegado a los centros poblados ni han sido una amenaza para la población.
El sacerdote rechazó la reciente petición de apoyo del gobierno al ejército estadounidense, por estimar que el cuidado de la frontera "es una competencia exclusiva de Panamá y no de ejércitos de otros estados".
Al mismo tiempo reclamó que se provea de equipo y armamento a la policía de frontera para responder a eventuales ataques de parte de los grupos armados colombianos que operan en esa zona, así como contra los narcotraficantes que utilizan esa región para introducir drogas hacia Panamá. (FIN/IPS/sh/dg/ip/96)
