El gobierno de Canadá podría hacer peligrar los esfuerzos de Honduras por llevar ante la justicia a militares de alto rango si deporta a un ex soldado hondureño.
En el centro de la tormenta está Florencio Caballero, ex miembro del escuadrón 316, fundado por Estados Unidos y capacitado por militares argentinos, responsable de la tortura y la desaparición de civiles en Honduras durante la década de 1980.
Desde su alejamiento de los militares, Caballero arrojó luz sobre varias violaciones a los derechos humanos brindando testimonio ante cuerpos como la Corte Interamericana de Justicia, en Costa Rica.
Activistas defensores de los derechos humanos sostienen que el intento del gobierno de Honduras de juzgar a funcionarios militares responsables de violaciones podría resultar vano si Caballero es deportado.
A comienzos de este año, el juez de inmigración y refugiados J.E. McNamara ordenó la deportación de Caballero alegando que había participado en "crímenes contra la humanidad".
Las autoridades de inmigración "han perdido la visión de conjunto, que es proteger a las personas vivas que ahora participan en el proceso de hacer justicia en casos de personas asesinadas por orden de militares en posiciones más altas en la cadena de mando", dijo Richard Soo, del Centro Jesuita de Toronto.
Soo, quien ayudó a Caballero a prepararse para brindar testimonio en procedimientos legales, dijo a IPS que existe una fuerte preocupación de que, si Caballero regresa a Honduras, los militares intentarán silenciarlo, para siempre.
Según Amnistía Internacional, en 1995 hubo en Honduras 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo potenciales testigos contra los militares.
Dos intentos se han puesto en marcha para mantener a Caballero en Canadá. La Corte Federal de Ottawa considera una apelación a la orden de deportación del juez, sobre la base de una interpretación errada de las leyes de inmigración canadieneses.
Además, la ministra de Ciudadanía e Inmigración canadiense, Lucienne Robillar, revisa una solicitud para garantizar a Caballero estatuto de refugiado alegando que si regresa a Honduras correrá riesgos de persecución y muerte.
John Tackaberry, vocero de Amnistía Internacional, dijo a IPS que aún en el caso en que Caballero no tuviera un testimonio valioso para ofrecer, sería equivocado enviarlo a Honduras.
"Nuestra posición es que cualquier persona en peligro de ser torturada o ejecutada extrajudicialmente no debe ser deportada a su país de origen", dijo el vocero, y añadió que el caso de Caballero es especialmente urgente debido a su papel en los procedimientos legales.
"Queremos que las actividades en que partició se hagan públicas, y ponerlo en peligro no lo hará", dijo Tackaberry.
Otros ex soldados hondureños que viven en Canadá están brindando testimonio sobre casos pendientes en Honduras, según un informe de la edición de mayo de la revista de noticias Maclean.
Pero el valor de esos testimonios para llevar ante la justicia a altos militares parece no haber tenido efecto alguno sobre las autoridades canadienses.
El juez McNamara sentenció que "mi papel no es decidir si Caballero debe ser exonerado por crímenes contra la humanidad debido al bien que hizo al testificar en una investigación de derechos humanos, ni decidir si debe ser un refugiado en base a los hechos en Honduras o sus actividades desde que vive aquí".
Por el contrario, el juez se centró en si la participación de Caballero en violaciones de los derechos humanos fue resultado de coerción o amenazas de muerte si desertaba, concluyendo que "los riesgos fueron mínimos".
Las afirmaciones de Caballero de haber participado contra su voluntad no son creíbles, ya que no dejó el ejército ni contactó una organización de derechos humanos, señaló McNamara.
El vocero del Consejo de Inmigración y Refugiados Paul Hardy dijo a IPS que el hecho de que McNamara impuso una orden de deportación "condicional" de Caballero indicaría que tuvo en cuenta la posibilidad de que luego fuera encontrado elegible para estatuto de refugiado, evitándose la deportación.
Hardy señaló que, mientras el juez tiene un mandato limitado, la ministra de Ciudadanía e Inmigración puede hacer una serie más amplia de consideraciones, incluyendo el impacto del testimonio del ex soldado sobre los procedimientos legales en Honduras.
La abogada de Caballero, Lorne Waldman, criticó al juez por la "visión limitada" de su decisión, la cual no estimula a otros a hablar sobre violaciones a los derechos humanos, al minimizar la importancia de dar ese testimonio. (FIN/IPS/tra-en/sd/pz/lp/hd-ip/96)
