Los defensores de la libre propiedad de armas en Australia amenazaron con querellar al gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) si se aprueban leyes que harían más severo el control en la materia.
El gobierno anunció este fin de semana que reclamará al parlamento la restricción de la propiedad de armas de fuego, lo cual se considera una respuesta a los reclamos de la población luego del asesinato de 35 personas por un pistolero solitario en el estado meridional de Tasmania.
La masacre, cometida por un hombre con antecedentes de inestabilidad mental, dejó al país atónito y puso en cuestión la elasticidad de la legislación que rige el control de armas, que no tiene alcance nacional pues varía de estado en estado.
El gobierno convocó a los jefes de policía de estados y territorios para propiciar la sanción de leyes de alcance nacional que impedirán a ciudadanos comunes la posesión de pistolas y rifles semiautomáticos y automáticos.
Los propietarios de armas, de acuerdo con el proyecto, dispondrán de un plazo de 12 meses para entregarlas, y las autoridades les pagarán una compensación que se financiará a través de un impuesto general.
Este plan provocó una dura polémica en toda la sociedad australiana. Los defensores de la libertad en la posesión de armas de fuego lo consideraron una violación a los derechos humanos que podría ser elevada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza.
"Esto es una de las más grandes violaciones a las libertades individuales en la historia de Australia. Es un castigo draconiano contra miles de australianos respetuosos de la ley", dijo Ted Drane, presidente de la Asociación Deportiva de Tiro (SSAA).
Este grupo, que afirma contar con más de 60.000 socios, anunció que, antes de apelar al cuerpo de la ONU, acudirá a cortes regionales y nacionales para reclamar la derogación de la ley.
Drane sostuvo que el gobierno ofrece muy poco dinero como compensación por las armas y que las autoridades no tienen derecho a obligar a ciudadanos sin antecedentes criminales a entregarlas.
"Australia firmó una convención de la ONU sobre derechos humanos que postula que los gobiernos no pueden confiscar propiedad privada. Y, de acuerdo con las leyes propuestas, las armas serán confiscadas si sus poseedores no están de acuerdo con el precio que ofrecen por ellas", dijo Drane.
Ted Leong, director de competencias de la Asociación del Rifle de Nueva Gales del Sur, dijo que el gobierno confundió el blanco cuando apuntó contra las leyes sobre propiedad de armas.
"Se sabe que los lunáticos que cometen crímenes como los de Tasmania no integran la infraestructura social de un club que no toleraría más que un comportamiento disciplinado", afirmó.
El gobierno confía en que las medidas propuestas tendrán respaldo público, pero los defensores de la libre propiedad de armas pasaron al contraataque. El Partido de los Pistoleros, por ejemplo, posee un escaño en el Senado de Nueva Gales del Sur.
El legislador que lo ocupa, John Tingle, es una fuerte voz contra el proyecto de ley, y puso en duda que el gobierno pueda ordenar su cumplimiento si es aprobada.
"Estamos tratando a los pistoleros como si fueran criminales y les obligamos a entregar sus bienes. Ellos, simplemente, no cumplirán. Cualquiera puede poseer un arma toda la vida sin que nadie se entere", dijo.
Tingle, quien, junto a otros legisladores independientes sostiene el delicado equilibrio del Senado de su estado, sostuvo que los defensores de la libre posesión de armas son tantos que todos los partidos deberían tenerlos en cuenta en cualquier elección, especialmente en el área rural.
Mientras tanto, líderes comunitarios de Australia reclaman una legislación aun más estricta que la propuesta del gobierno, que incluya la prohibición total de ventas por correo y una proscripción que no solo abarque las armas automáticas y semiautomáticas.
Los defensores de la libre posesión de armas constituyen "un grupo de extemistas militantes que atacan el derecho de las comunidades a minimizar los riesgos de la violencia", dijo Rebecca Peters, de la Coalición por el Control de Armas.
La activista afirmó que "una vasta mayoría de los homicidas, suicidas y ladrones a mano armada recurren a revólveres viejos y ordinarios que roban de hogares".
"El principal cometido de la nueva legislación debe ser la reducción de los arsenales privados en Australia. Debemos extirpar estas armas de las comunidades y destruirlas. Nunca un cambio en la legislación tuvo un respaldo popular tan claro", agregó Peters.
El Instituto de Criminología de Australia estimó en 1992 que existían en este país entre 3,5 y 3,9 millones de rifles, pistolas, revólveres y armas semiautomáticas en poder de civiles.
Los propios defensores de la libre posesión de armas sostienen que existen unos 10 millones, en una población total de 1,8 millones.
No fue, por lo tanto, una sorpresa que los dueños de las armerías también hayan protestado por el proyecto de legislación y reclamen compensaciones ante eventuales pérdidas económicas si resulta aprobada.
Pero la población, aún conmocionado por la masacre del mes pasado en Tasmania, está obligando al gobierno a tomar rápidas medidas en favor del control de armas.
El gobierno federal propuso, incluso, la creación de un grupo de trabajo que considere leyes de restricción a programas de televisión, películas y videojuegos.
La masacre de Tasmania provocó dudas sobre "el impacto de algunos videojuegos en los niños o de ciertas películas excesivamente violentas en algunos ciudadanos", dijo el primer ministro John Howard. (FIN/IPS/tra-en/ks/cpg/mj/ip hd/96)
