Diez años después del comienzo del proceso de pacificación, los esfuerzos para consolidar una "cultura de paz" en América Central chocan con la persistencia de altos índices de violencia social.
El 25 de mayo de 1986 los presidentes de los países de América Central suscribieron en Esquipulas, Guatemala, un histórico compromiso de pacificar el área mediante el diálogo, el pluralismo y la democratización.
Bajo este espíritu firmaron lo que se conoce como la "Declaración de Esquipulas", primera gran decisión tomada en el marco de las cumbres que desde entonces han ido abordando los problemas más sensibles en América Central.
Los mandatarios sentaron las bases para una reconciliación nacional, el cese del fuego, elecciones libres, suspensión de la ayuda militar, la prohibición del uso del territorio para agredir otros estados y la reducción del armamento, entre otros puntos.
Los conflictos internos dejaron en el istmo al menos 160.000 muertos, dos millones de refugiados y desplazados y graves consecuencias económicas y sociales.
Si bien la paz llegó a la mayoría de los países centroamericanos, con excepción de Guatemala, donde se negocia aún la firma de un acuerdo, el fantasma de la guerra no se ha ido y sus secuelas son los crecientes índices de violencia y delincuencia.
Francisco Barahona, rector de la Universidad para la Paz, un organismo de Naciones Unidas con sede en Costa Rica, sostiene que la violencia y la delincuencia se "están convirtiendo en la nueva agenda de problemas en la región".
"Los pueblos de América Central no quieren más guerras, están cansados de ellas. El desafío se centra en educar para la paz, formar una cultura de paz y respeto que tenga como telón de fondo el diálogo, la solidaridad y la tolerancia", afirmó.
La Universidad para la Paz ejecuta desde hace un año en los países de América Central, Belice y Panamá un programa regional de Cultura de Paz y Democracia financiado por el gobierno de Taiwán en el marco de sus programas de cooperación con el área.
Esa iniciativa busca disminuir la violencia y asegurar el respeto a los derechos humanos organizando talleres y foros educativos.
En ese marco, fueron creados los Consejos Asesores, que trabajan en el diseño de acciones concretas en favor de la paz y la no violencia.
En Honduras, donde el programa ha registrado sus mayores avances, se han realizado dos festivales culturales en esa dirección.
Pero para Alicia Portillo, consultora en Comunidades del proyecto en Honduras, la experiencia más valiosa ha consistido en "sentar en una misma mesa de negociaciones a grupos de derechos humanos y militares, algo que hasta hace poco era imposible soñar".
"Sin claudicar en sus posiciones antagónicas, esos sectores se abocaron a promover una cultura de paz, participan de todas las actividades y han dado un ejemplo de convergencia en torno al rechazo a la violencia, lo cual evidencia la mayor madurez de la sociedad hondureña", dijo Portillo.
Actualmente, se trabaja en un plan contra la violencia y la delincuencia en Olancho, el departamento más grande de Honduras, donde el uso de armas y las venganzas entre familias son moneda corriente.
En Guatemala, los esfuerzos se centran en las comunidades indígenas, en Belice en las pandillas juveniles y en Nicaragua, Costa Rica y Panamá en atender problemas comunitarios de sobrevivencia.
Abelardo Brenes, director regional del Programa de Cultura de Paz, es del criterio que "en poco tiempo se ha hecho mucho y ello se debe al respaldo de los gobiernos centroamericanos en querer de una vez sepultar las secuelas de la guerra y aprender a convivir en paz". (FIN/IPS/tm/dg/ip-pr-hd/96).
