La Corte Constitucional de Colombia consideró hoy que el Congreso no puede juzgar penalmente al presidente Ernesto Samper, investigado por la presunta infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña electoral de 1994.
El Congreso Nacional sólo puede efectuar juicios de orden político contra el mandatario, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia los de naturaleza penal, señaló el organismo.
Además sólo la plenaria de la Cámara de Representantes puede "decidir" de manera definitiva si acusa o no a Samper ante el Senado y no su Comisión de Acusaciones, que debe limitarse a elevar a los diputados un "proyecto de resolución".
En caso de persistir en investigar al presidente los congresistas pueden incurrir en prevaricato por acción o por omisión, según sus actuaciones, resolvió la Corte.
La Comisión de Acusaciones debía recibir el miércoles próximo al fiscal general Alfonso Valdivieso, acusado de haber adjudicado en 1991 unos terrenos en comodato para la construcción de un colegio.
El juicio por falsedad, fraude procesal y estafa a la Nación al que podrian ser sometidos los ministros del Interior, Horacio Serpa, Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, y Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, podría también ser anulado la semana próxima en función de la decisión de otro organismo estatal.
Por otra parte, el contralor general de la república David Turbay protestó por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelarle la visa de entrada a ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico.
"Exijo al gobierno norteamericano que publique qué tipo de vinculación puede tener el contralor general de Colombia con la actividad del narcotráfico. Reto a las autoridades estadounidenses a que presenten al mundo cuál es mi itinerario delictivo en esa materia", desafió Turbay.
El canciller Pardo calificó de "actitud intervencionista" en los asuntos internos de Colombia la negativa del Departamento de Estado de Estados Unidos de conceder visas a dirigentes políticos colombianos, aunque reconoció que ese país "tiene la potestad de decidir quiénes pueden o no ingresar a su territorio". (FIN/IPS/amg/dg/ip/96)
