Venezuela acompañará con una decidida privatización este año el plan de ajustes y apertura económica que lanzará el lunes el presidente Rafael Caldera, subrayaron hoy autoridades gubernamentales.
"Confiamos en desestatizar para el tercer o cuarto trimestre la industria de aluminio, las acciones de la telefónica en manos del Estado, y que completemos en mayo o junio la emblemática privatización de la línea Aeropostal", dijo el ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff.
La Corporación de Guayana "licitará en agosto la planta de tubos sin costura de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco)", señaló por su parte Elías Ynaty, presidente de ese conglomerado de industrias pesadas de propiedad estatal.
Activos de la Corporación en Costa Rica, Estados Unidos, Europa y Puerto Rico se venderán en mayo y junio para conseguir unos 40 millones de dólares con los cuales cancelar atrasos en la deuda externa de las empresas de aluminio, añadió Ynaty.
El comercial banco de Venezuela, segunda entidad del país por su volumen de depósitos y uno de los quebrados e intervenidos en 1994, se reprivatizará antes de agosto, dijo Esther Margulis, presidenta del estatal Fondo de Garantía de Depósitos, tenedor de sus acciones.
La venta de otros bancos, grandes e intervenidos a puertas abiertas, como el Consolidado, o medianos y cerrados, como el República, también será acelerada, comentó Petkoff.
El lunes, Caldera anunciará al país un drástico plan de ajustes que incluirá cuadruplicación de los precios de la gasolina, alza de las tasas de interés, mayores impuestos y cese del control de cambios con una devaluación lineal cercana a 60 por ciento, según diversas autoridades.
Responsables de la economía como Petkoff y el ministro de Hacienda, Luis Matos, reconocieron que se trata de medidas muy duras para el conjunto de la población, con una inflación mensual de más de 14 por ciento, la mayor de la década, esperada para mayo y junio.
El plan busca abatir la inflación partiendo de sanear las cuentas públicas, para reanimar la economía y atraer inversiones extranjeras "con la creación de un entorno que facilite la recuperación económica real", dijo Petkoff.
Recordó que el país cuenta "con una economía petrolera próspera, una planta industrial buena que trabaja a media capacidad, un plantel de personal profesional y técnico, y una infraestructura física mejor que la de buen número de vecinos".
"Si aquí aterriza mañana un marciano, no se explicaría que estemos en esta situación", comentó el ministro en alusión a tres años de recesión en la economía no petrolera, caída de la inversión y del salario real, desempleo creciente y un tercio de la población padeciendo pobreza crítica.
Venezuela "está cruzada por 40.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, con liceos y centros de salud hasta en pueblitos apartados y apenas 20 millones de habitantes, por lo que tiene una capacidad de recuperación rápida", añadió.
Como muestra de esa capacidad, Petkoff dijo que en las tres semanas que lleva al frente del Ministerior de Planificación ha recibido comunicaciones de cuatro bancos de inversión -Chase, Morgan, Merryll Lynch y Goldman and Sachs- para acordar reuniones con inversionistas interesados en traer capitales a Venezuela.
Como vanguardia de esos capitales se esperan unos 1.000 millones de dólares anuales que traerán durante una década consorcios petroleros que explotarán ocho campos capaces de producir, después del año 2005, medio millón de barriles diarios de crudo.
Los contratos de asociación entre esos consorcios y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aguardan su aprobación por el parlamento, para constituír las empresas mixtas operadoras.
Venezuela inició un proceso de privatización en 1990, vendiendo su aerolínea bandera Viasa y el monopolio telefónico CANTV, del que restan 49 por ciento de acciones en manos del Estado, pero el proceso se detuvo con la crisis política y militar de 1992-1993.
El proceso de privatización no registró avances sustanciales durante 1994 y 1995, los primeros años del gobierno de Caldera, un socialcristiano de 80 años que aplicó controles a la economía durante 21 meses, pero reapareció como prioridad para acompañar el paquete de ajustes que se anunciará el lunes próximo.
En primera línea figuran los bancos estatizados, una carga de la que el Estado quiere deshacerse, y las empresas de aluminio, que reducen unas 600.000 toneladas anuales y están integradas con proveedoras de insumos: bauxita, alúmina y ánodos de carbón.
Aunque el sector aluminio tiene activos que pueden valer 4.000 millones de dólares, tiene deudas por 1.300 millones, y el gobierno se fijó como meta que su privatización entregue al Tesoro unos 1.000 millones de dólares este año.
La acería SIDOR, con capacidad para colar 3,6 millones de toneladas anuales, encara una privatización más compleja, porque se trata de plantas de productos muy diversos con problemas de aprovisionamiento, 700 millones de dólares en deuda externa y fuertes requerimientos de inversión.
El gobierno y la Corporación de Guayana todavía no han decidido si venderán SIDOR en bloque o desagregando sus plantas, mientras se han registrado una docena de consorcios con interés para comprar el complejo, el más reciente de los cuales ha sido el mexicano Grupo Acerero del Norte.
A su margen, la planta de tubos sin costura (insumo de la industria petrolera) quedó como emblema de los proyectos a mitad de camino, con inversiones estatales de 390 millones de dólares en instalaciones y equipos, pero se necesita un inversionista con 400 millones de dólares para completarla.
Por ello, Ynaty anunció que se intentará su venta por licitación antes de privatizar el resto de la acería, dentro de la agresiva campaña oficial para equilibrar sus cuentas vendiendo empresas en las que ya no le es posible invertir. (FIN/IPS/hm/ag/if/96)
