Los gobiernos de El Salvador y Honduras buscan intensamente una solución que resuelva definitivamente sus problemas limítrofes, a raíz de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Las comisiones jurídicas de Honduras y El Salvador tenían agosto de 1995 como fecha límite para lograr un acuerdo sobre la situación en que debían quedar los 10.000 salvadoreños afectados por el fallo del tribunal de La Haya, emitido en 1992.
La Corte Internacional resolvió un centenario litigio fronterizo, que incluyó un conflicto bélico entre los dos países en 1969, otorgando a Honduras 70 por ciento de 400 kilómetros cuadrados que estaban en disputa entre los dos países centroamericanos.
Sin embargo, los salvadoreños que ahora habitan en Honduras han enfrentado serios problemas con sus propiedades, que las comisiones jurídicas no han logrado solucionar.
El presidente de la Comisión Jurídica de Honduras, Rodolfo Rosales, dijo que el gobierno de su país está dispuesto a firmar un acuerdo, siempre y cuando no viole el orden jurídico interno.
"Honduras está en la plena disposición de reconocer el derecho de opción, en el sentido de la nacionalidad, dejar en libertad a los pobladores que determinen qué nacionalidad ostentarán", aseveró Rosales.
La Contitución de Honduras, como la salvadoreña, no admite que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad, así como tampoco que extranjeros tengan propiedades a menos de 40 kilómetros de la frontera.
No obstante, el jefe de la delegación salvadoreña, Ricardo Acevedo Peralta, informó que las comisiones llegaron al último momento para completar el protocolo porque ya agotaron todas las opciones jurídicas para resolver la situación legal en las zonas fronterizas.
Acevedo Peralta hizo un llamado a los mandatarios Armando Calderón Sol, de El Salvador, y Carlos Roberto Reina, de Honduras, a que den el "ultimo empujón" para firmar un acuerdo a corto plazo.
En tanto, el Parlamento Centroamericano inició un debate este martes a fin de lograr un tratado de nacionalidad centroamericana, que busque unificar la identidad de los ciudadanos nacidos o nacionalizados en la región, así como la emisión de un pasaporte común.
El proyecto contiene 15 artículos que se refieren a la nacionalidad centroamericana de origen y por adopción, así como al ejercicio de los derechos civiles y políticos. (FIN/IPS/jd/ag/ip/96)
