Partidos políticos opositores y organizaciones humanitarias de México mostraron su satisfacción ante un dictamen judicial que acusa a autoridades de violar garantías individuales y tergiversar información sobre una matanza de 17 campesinos opositores, ocurrida en junio de 1995.
La Suprema Corte de Justicia estudió el caso, que fue presentado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y concluyó que los campesinos fueron asesinados a mansalva por la policía.
El dictamen, que no tiene rango de sentencia pero podría ser acogido por la Procuraduría General para procesar a los reponsables, indica que Rubén Figueroa, gobernador con licencia del sudoccidental estado de Guerrero, donde ocurrió la matanza, "manipuló, engañó y ocultó información".
El polémico gobernador, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional y próximo del presidente Ernesto Zedillo, pidió licencia para dejar su cargo en marzo luego de resistir varios meses a presiones de la oposición y de organizaciones humanitarias.
El fallo "es un hecho histórico que recupera la confianza en la justicia", dijo Eduardo Andrade, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tras manifestar su indignación al confirmarse que se trató de una matanza.
Seguido con detenimiento por grupos humanitarios internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos por los Derechos Humanos, el caso fue considerado por el gobierno de Estados Unidos como la peor violación a los derechos humanos ocurrida en México en 1995.
La muerte de los campesinos, en una emboscada policial, fue producto de una impericia en la que no tuvieron responsabilidad las autoridades de Guerrero, según una investigación realizada por un fiscal especial nombrado para el caso.
"Nos congratula el informe de la Corte Suprema", declaró este miércoles el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, tras demandar a las autoridades que acuse formalmente a Figueroa por la muerte de los campesinos e investigue al fiscal que lo exculpó.
"La resolución de la Corte, además de ser un juicio moral e histórico, tiene un efecto catalizador en la vida política del país y define la ubicación de los actores políticos en el campo de la autocracia o la democracia", señala un comunicado del Partido Acción Nacional, segunda fuerza política mexicana.
Dirigentes del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza del país, declararon que el informe de la Suprema Corte ratifica sus acusaciones contra Figueroa, por lo que el gobernador con licencia debería ser "enjuiciado y detenido".
Los dos partidos políticos opositores expresaron su indignación al confirmarse la actuación "prepotenente y criminal" de las autoridades de Guerrero.
El dictamen judicial, saludado por varias organizaciones humanitarias locales, siguió a la difusión de un video, tomado en el lugar de la masacre, que desvirtuó la tesis oficial de que fueron los campesinos quienes atacaron a los policías al mostrar con claridad que fueron éstos los que atacaron.
Figueroa y su equipo de colaboradores sustentaba sus argumentos con un video editado en el que aparecen cuerpos de campesinos con armas en sus manos. Según la Suprema Corte, esas imágenes demuestran las complicidades y engaños que rodearon al caso, ya que los campesinos estaban desarmados.
"Es lamentable que en un país como México que vive un estado de derecho haya autoridades que oculten y manipulen investigaciones para proteger intereses personales", expresó el ministro del máximo tribunal Juventino Castro y Castro.
En el caso de la matanza, las autoridades de Guerrero violaron garantias de libre tránsito, libre expresión, seguridad y respeto a la vida, apunta el informe de la Corte.
Figueroa mantiene la tesis que los campesinos, detenidos en un camino rural cuando se dirigían a un acto político, fueron los que provocaron a la policía con armas.
Los muertos pertenecen a un organización opositora que, según reconoció el ahora gobernador con licencia, era investigada por tener vínculos con grupos guerrilleros.
El informe de la Suprema Corte indica que antes de la matanza "había un generalizado estado de enfrentamiento entre un grupo de organizaciones campesinas y el gobierno del estado, preocupado obsesivamente de que ocurrieran levantamientos".
"Hay que acabar con la cultura del engaño, el ocultamiento y la manipulación. No pude ser que autoridades públicas cometan tales irregularidades", dijo Castro y Castro. (FIN/IPS/dc/ag/ip- hd/96)
= 04280818 DAP000
