El poder militar mantiene una influencia decisiva en la vida pública de Guatemala, afirmó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Monica Pinto, experta independiente nombrada por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar la situación en ese país.
La abogada argentina admitió que "sería necio no reconocer los avances" registrados en los 10 años transcurridos desde que los militares dejaron en manos de los civiles "algunas instituciones" del gobierno de Guatemala.
Sin embargo, precisó, todavía el poder militar sigue manteniendo una influencia decisiva en la conducción de la cosa pública y una presencia contundente en todo el territorio nacional.
Desde 1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz, y durante por lo menos 30 años, las fuerzas armadas gobernaron a Guatemala o controlaron a las autoridades civiles de turno.
"Desmilitarizar en Guatemala es ayudar a la vigencia de los derechos humanos. La democracia exige sujetar el poder militar al poder civil", señaló la experta.
El informe de Pinto estimó que las "medidas positivas" adoptadas por los gobiernos civiles de los últimos años no han sido suficientes para modificar las cuestiones estructurales que impiden la vigencia de los derechos humanos en el país.
Pinto afirmó que se han agudizado las tradicionales desigualdades sociales de Guatemala y que en la actualidad dos por ciento de la población posee 65 por ciento de la tierra útil.
De la misma manera, 10 por ciento de la población obtiene 44 por ciento del ingreso del país, donde "el latifundio ha sido la regla y el subempleo, su componente".
Actualmente, 80 por ciento de los habitantes viven en la pobreza y 59 por ciento en la extrema pobreza, citó.
En Guatemala, es una constante la ocupación de fincas para exigir no sólo la vigencia de derechos laborales y sindicales mínimos sino también alternativas razonables al problema de la tierra, destacó el informe.
Pero el gobierno no responde a esos reclamos y la respuesta son desalojos por la policía y la Fuerza de Reacción Inmediata, con muertos y desaparecidos, agregó.
La experta resumió que el examen de la situación de los derechos humanos en Guatemala "es desalentador".
"Se han hecho cosas, se han planificado otras. No dudo de la intención del nuevo gobierno de mejorar las cosas", pero "el mandato que desempeño me obliga a no emplear criterios más flexibles para analizar planes que acciones", indicó.
El documento refirió que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ha registrado 1.782 casos de violación del derecho a la vida.
El Comité contra la Tortura llegó a su vez a la conclusión de que la tortura es endémica en el país y que los niños se encuentran entre sus víctimas.
El Comité de Derechos Humanos, en una declaración de este mes, se manifestó preocupado por las serias y sistemáticas violaciones del derecho a la vida y a la libertad y por la ausencia de una política para superar la impunidad.
Pinto aludió también al conflicto armado que enfrentó en las últimas décadas a los militares con grupos guerrilleros de izquierda, aliados actualmente en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Los sectores más tradicionales del país señalan al conflicto armado como la fuente principal de violación de los derechos humanos.
Pinto observó que la decisión de los dos bandos de suspender las hostilidades debería importar un descenso brusco de los actos ilícitos "que hasta ahora eran explicados, cuando no justificados, por la necesidad de actuar en contrainsurgencia".
La experta expuso asimismo los problemas de la aplicación de la justicia, los conflictos de jurisdicción entre los fueros civil y militar, la carencia de profesionalización de las fuerzas policiales y de seguridad y la proliferación de elementos armados.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, expondrá este jueves la posición del gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos. (FIN/IPS/pc/dg/ip-hd/96)
