La Iglesia Católica, la institución de mayor prestigio entre los colombianos, incrementó sus críticas contra el Ejecutivo, el parlamento y los políticos corruptos.
En el escenario propicio de la Semana Santa, desde los púlpitos de todo el país encumbrados obispos y simples párrocos se han ido lanza en ristre contra los protagonistas del narcoescándalo que simboliza la pérdida de valores de la moral cristiana.
Con índices de credibilidad del 65 por ciento, según encuesta realizada en diciembre, la Iglesia Católica se coloca por encima del fiscal como punto de referencia de un actuar sano y correcto.
Por eso las acusaciones de la jerarquía religiosa tienen el peso de una catedral.
"Es inmoral vivir en un país en el que las altas posiciones en el Legislativo y el Ejecutivo estén unidas al dinero del crimen", sentenció Darío Castrillón, obispo de Bucaramanga, ciudad en el noreste del país.
En febrero Castrillón había dicho que vio "el resplandor de la verdad" en la frente de Fernando Botero, ex ministro de Defensa y gerente de la campaña presidencial que dio el triunfo a Ernesto Samper en 1994, según el cual el ahora jefe de estado sabía de los aportes de la mafia a las finanzas electorales.
En la primera semana de abril, al señalamiento de Castrillón se sumó el de José de Jesús Pimiento, obispo de Manizales, principal ciudad de la zona cafetera.
Pimiento, considerado moderada en sus críticas al gobierno, dijo que la Iglesia advirtió a tiempo sobre el "oscurecimiento de las conciencias" de muchos colombianos "por el influjo del narcotráfico" y pronosticó mayor violencia y deterioro de la imagen del país.
Apelando al lenguaje metafórico, propio de los pasajes bíblicos, los legisladores no tardaron en responder que en Colombia ni siquiera la Iglesia Católica está libre de culpa para "tirar la primera piedra".
"El país conoce viejos episodios de presencia de algunos prelados en la inauguración de mansiones y de las llamadas narcolimosnas", señaló Rodrigo Rivera, presidente de la Cámara de Representantes.
Rivera aludió así al escándalo que en su momento suscitó el hecho que Castrillón hubiera recibido donaciones del narcotraficante Carlos Ledher, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y testigo en el juicio al dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
"La Iglesia Católica también debe hacer un acto de contrición por el largo silencio que mantuvo sobre el dinero del narcotráfico en el país y sólo hasta hoy sale a enarbolar la bandera de la moralidad", afirmó Vivian Morales, elegida por los grupos cristianos (protestantes).
El ministro del Interior, Horacio Serpa, llamado a indagatoria por el presunto delito de encubrimiento, dijo que con la autoridad que le da ser católico, pide a la Iglesia mesura y objetividad ante la actual crisis.
Junto con Serpa han rendido declaración jurada dentro del proceso 8.000, como se conoce el juicio por el narcoescándalo, y están a la espera de ser absueltos o detenidos los ministros de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, y de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo.
Tanto es el peso del referente católico en todos los estamentos nacionales que este lunes se celebró una misa en la sede de la cancilleria en la que los funcionarios de ese despacho oraron por un resultado judicial favorable a Pardo.
Ante la prolongación de la crisis política y el desgaste del gobierno del presidente Samper, algunos recuerdan episodios en los que la intervención eclesiástica fue de mal augurio.
En 1957, cinco días antes de la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla, un sermón del fraile franciscano Severo Velásquez ante 2.000 estudiantes fue la mecha que prendió la carga de dinamita represada en la animosidad popular.
Y aunque la actual situación no es equiparable, no se puede negar la influencia de la posición clerical en la opinión pública.
Un censo del episcopado católico realizado en 1992, indica que los creyentes oscilan entre los 20 y 26 millones, sobre una población total de 36 millones de personas.
El dato se deduce del reporte de las 41 diócesis en que está dividida la jurisdicción católica en el país y de los informes de 4.198 sacerdotes y 3.207 diáconos a cuyo cargo está la labor de orientación pastoral.
Hay que tener en cuenta la existencia de un concordato entre el Vaticano y Colombia y que 239 colegios y universidades son regenteados por comunidades religiosas católicas.
En esa estructura organizativa que le permite a la jerarquia católica llegar a los más apartados poblados, donde ni siquiera la policía tiene un puesto, se basa el potencial de movilización ante el que muchos políticos se colocan a la defensiva.
Y es que la actual arremetida de los obispos y párrocos no es la primera que intenta inclinar la balanza de la opinión frente al Ejecutivo y el Legislativo.
Ya en febero, con ocasión de la Conferencia extraordinaria del Episcopado, que reune a 70 obispos, su presidente, Monseñor Pedro Rubiano, pidió a Samper "deslindar el ejercicio del poder de su defensa personal".
También fue Rubiano quien lanzó la demoledora frase de "si a uno le meten un elefante en la casa, tiene que verlo", con la que cuestionó la afirmación de Samper de que si entró dinero de la mafia a su campaña fue a sus espaldas.
Desde entonces, una marioneta con la figura de un elefante de tamaño natural recorre caminos y plazas en todo el país como símbolo del grupo Colombianos por el Referendo, uno de los muchos que se han formado para pedir una pronta salida a la crisis.
Y aunque la Semana Santa resulta una gran caja de resonancia para agitar la postura de la Iglesia Católica, sus pronunciamientos no son sólo coyunturales.
En marzo, el obispo de Cali, Héctor Gutiérrez, advirtió: "Que no se sorprenda el Congreso porque nosotros hablamos de política. Ellos se han querido creer dueños de la opinión pública, dueños del país y la Iglesia no permitirá que le pongan talanqueras a su expresión".
La tesis de Gutiérrez se ampara en un artículo del Código de Derecho Canónico según el cual está prohibida la militancia política de los sacerdotes, salvo "en defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común".
A juzgar por la beligerancia de los sacerdotes, en los actuales momentos el retiro de Samper es sinónimo de bien común. (FIN/IPS/mig/dg/cr-ip/96)
