El gobierno de México autorizó a los bancos comerciales a administrar fondos de retiro y negociar deudas en la bolsa de valores, como nuevas medidas para enfrentar la amenaza de quiebra de instituciones financieras.
Los alrededor de 10.000 millones de dólares en subsidios repartidos por el gobierno en los últimos 15 meses no fueron suficientes para resolver los problemas del sistema bancario.
"Estamos al límite de la susbsistencia", reconoció José Madariaga, presidente de la Asociación de Banqueros de México.
Pero los bancos aún tienen esperanzas. Con la entrega de las licencias para administrar fondos de retiro y el permiso para negociar deudas hipotecarias en la Bolsa, los banqueros cerraron este sábado en el lujoso balneario de Cancún su 59 Convención Nacional con declaraciones de optimismo.
"Recibieron lo que más anhelaban, la promesa del gobierno para que se capitalicen con los fondos de pensiones y permiso para negociar deudas", señaló el analista Enrique Quintana.
En diciembre, tras 52 años de recibir las contribuciones de retiro de todos los trabajadores del país, calculadas en 3.400 millones de dólares anuales, el gobierno traspasó el manejo de esos fondos del Instituto del Seguro Social a administradoras privadas, permitiendo asi que circulen libremente en el mercado.
En un primer momento se dijo que los bancos no serían autorizados a participar en el negocio, que comenzaría a mediados de año, pero ahora, por la persistencia de la crisis, se modifica la estrategia, expresó Quintana.
Según Madariaga, "la crisis económica del país, la peor en 60 años, llevó a la banca al límite de la susbistencia, donde no es posible desperdiciar nada".
La cartera vencida de los bancos pasó entre 1994 y fines de 1995 de 5.800 a 15.600 millones de dólares. Es decir, llegó a un nivel similar a la actuales reservas interncionales del país, de acuerdo con cifras oficiales.
En el mismo período y pese a los programas oficiales para apoyar a los deudores, mejorar la administración contable de los bancos y dar subsidios, la rentabilidad del sistema financiero cayó de 14 a seis por ciento y la entrega de créditos se redujo 45 por ciento.
Aún está lejana la recuperación, pero con el respaldo oficial y la esperada mejora de la economía, el período crítico de los bancos podría terminar pronto, sostuvo Madariaga.
Cálculos extraoficiales indican que el rescate a los bancos costó al Estado unos 5.000 millones de dólares más de lo que obtuvo por la privatización del sistema financiero entre 1991 y 1992.
"A cuatro años de la venta de los bancos, su gestión ha sido un desastre", y el gobierno busca ahora, con nuevas medidas, salvarlos "de las fuerzas del mercado en las que tanto confiaron", opinó el analista Emilio Zebadúa.
Junato a la crisis bancaria, estallada como consecuencia de la devaluación de la moneda en diciembre de 1994, se elevaron los intereses a niveles superiores a 90 por ciento, se depreciaron los salarios y la inflación aumentó, y varias instituciones fueron obligadas a vender acciones a bancos extranjeros.
En la cita de Cancún, donde solicitaron su ingreso a las Asociación de Banqueros ocho instituciones extranjeras, fue designado para ocupar una de las vicepresidencias del gremio bancario el director general del Chemical Bank en México, John Donnelly.
Inaugurada el viernes por el presidente Ernesto Zedillo, a la reunión asisitieron Larry Summers, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y Hernán Somerville, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos.
En discursos y declaraciones a la prensa, Summers elogió el programa de ajuste dispuesto por Zedillo para superar la crisis y recomendó continuar por esa senda, mientras Somerville pidió a los banqueros adoptar criterios de autoregulación para evitar nuevos problemas financieros.
El origen de la crisis de la banca mexicana radica en el proceso de estatización y reprivatización que el sistema vivió entre los años 80 y 90, señalan los analistas.
En ese lapso, varias instituciones no actuaron adecuadamente al conceder créditos en forma excesiva, prestarse a sí mismas y postergar la modernización de sus sistemas administrativos, reconocen los mismos banqueros.
Organziaciones de deudores como el Barzón, que adquirieron una importante presencia pública los últimos meses, sostienen que el Estado y los banqueros "usureros" obligan a pagar a la población deudas que crecieron por el mal manejo financiero del país y de la banca.
Pese a los programas de reestrucuración de deudas, se calcula que más de 300.000 personas continúan con problemas para pagar sus créditos y están próximos a enfrentar embargos. (FIN/IPS/dc/ff/if/96).
