El gobierno de Gran Bretaña, anonadado por la negativa de un tribunal a la expulsión de un dirigente opositor de Arabia Saudita a la isla de Dominica, hoy vive momentos de angustia mientras medita sus próximos pasos.
Un juez británico dictaminó que el gobierno no actuó correctamente al establecer que Moammad Al-Massari estaría sano y salvo en Dominica y ordenó al secretario de Interior, Michael Howard, que reconsidere el caso.
Los seguidores de Al-Massari dijeron que el tribunal no sólo salvó a este dirigente, sino también a muchos otros que procuran asilo político.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento británico y presidente de la campaña para proteger a Al-Massari, Lord Averbury, dijo que "los autócratas han estado haciendo cola para pedir que sus opositores también sean expulsados".
El legislador recordó en ese sentido que el Príncipe de Bahrain se reunió en Londres esta semana con el secretario de Asuntos Extranjeros de Gran Bretaña, Malcolm Rifkind.
"Todos estos vampiros fueron repelidos por la justicia británica", dijo Averbury.
Al-Massari, líder de la organización disidente saudita Comité para la Defensa de los Derechos Legítimos con sede en Londres, solicitó asilo político en Gran Bretaña el año pasado.
El gobierno de John Major soporta desde entonces enormes presiones de Arabia Saudita para que silencie los ataques personales de Al-Massari hacia integrantes de la familia real, a través de correo electrónico y fax.
Ryad amenazó con cancelar importantes contratos comerciales con Gran Bretaña si no cambiaba la situación.
Entre estos negocios figura el acuerdo "armamentos por petróleo", que involucra 20 millones de libras y fue firmado en 1985 por la entonces primera ministra Margaret Thatcher, que incluye el suministro de aviones Tornado por un período de 20 años.
"El secretario de Interior sufrió nuevamente una derrota a manos de la ley. Y esta vez fue un 'knokout' en el segundo round", dijo Lord Averbury.
Al principio, un tribunal británico dictaminó que Al-Massari no podría ser expulsado a Yemen, el país al que huyó desde Arabia Saudita, por temor a que fuera asesinado allí.
Averbury dijo que la decisión judicial del martes obliga al gobierno a considerar el asilo.
"Este fallo supone que los sauditas son capaces de matar a este hombre, cuyo delito fue hablar en voz alta cuando todo el pueblo de su país fue acobardado hasta la sumisión", manifestó Averbury.
"Los ministros de la Corona británica podrán humillarse ante la monarquía saudita para mantener su lucrativo comercio de armas, pero la ley enalteció los principios que el gobierno quería sacrificar", agregó.
"Esta campaña termina hoy porque Al-Massari se queda", dijo, por su parte, el diputado escocés laborista George Galloway, quien destacó que esta es la novena vez en dos años que un juicio doblega al secretario Howard.
"Esta sentencia demuestra que los criterios de decencia y justicia no están del todo muertos en nuestro país. El gobierno intentó prostituirlos, venderlos a una repugnante tiranía, y la corte lo frenó", añadió el legislador.
Al-Massari manifestó su gratitud al pueblo británico por al apoyo que recibió. "Nadie que me reconociera por la calle dejó de comunicarme su simpatía por mi causa", dijo.
El dirigente saudita dijo a IPS que, al igual que su victoria judicial, estaba entusiasmado por las señales de cambio político en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC).
"Somos completamente optimistas. Estos regímenes son anacrónicos. Deberían haber desaparecido hace mucho tiempo", manifestó, en referencia a Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar y Emiratos Arabes Unidos. (FIN/IPS/tra-en/db/fn/mj/ip hd/96)
