El Superior Tribunal de Justicia de Brasil decidió hoy por unanimidad la liberación provisional de Diolinda Alves de Souza y otros tres dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra (MST), presos desde el 25 de enero.
El fallo respondió a un pedido de habeas corpus de los abogados de los detenidos.
Además de a los cuatro presos, la medida favoreció a otros dos dirigentes campesinos que se encuentran prófugos. Uno de ellos es José Rainha Junior, marido de Diolinda y principal responsable del MST en Pontal de Paranapanema, localidad ubicada a 600 kilómetros de Sao Paulo.
La decisión de los cinco jueces del tribunal revirtió un fallo anterior de la justicia de la región de Paranapanema, que ordenó la detención bajo acusación de asociación para delinquir de los campesinos y rechazó el recurso de habeas corpus.
Paranapanema, donde 2.000 familias campesinas ocupan carreteras y áreas públicas, en espera de un asentamiento, es una de las regiones más explosivas del interior de Brasil en razón de los repetidos conflictos por el acceso a la tierra.
Dioilinda- que ya había sido detenida una primera vez en octubre pasado durante algunas semanas – se convirtió en símbolo del Día Internacional de las Mujeres en Brasil.
La dirigente campesina, madre de un niño de dos años, concedió entrevistas desde la cárcel en las que dijo que su mayor aspiración era ser liberada para poder "besar y bailar con su hijo".
Rainha Junior y sus compañeros del MST acusan a la justicia local de complicidad con los grandes hacendados que impiden la distribución de las tierras a los campesinos.
Los predios en disputa, que el MST invade periódicamente en operaciones masivas y sorpresivas, pertenecen al Estado, pero los hacendados han logrado mantenerse en ellos por medio de recursos judiciales, reclamando milionarias indemnizaciones por las edificaciones y mejoras realizadas.
Uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia declaró en su fallo que la reforma agraria es "un reclamo del pueblo" que no debe ser ignorado.
El abogado de los dirigentes campesinos, Luis Eduardo Greenhalg, saludó la decisión judicial como una "legitimación del movimiento de los sin tierra".
Recordó que la reforma agraria está contemplada en la propia Constitucion nacional y que luchar por su concreción no puede ser calificado de "asociación para delinquir".
El tribunal fijó una fianza de 666 reales (680 dólares) para que los presos y acusados puedan responder ante la justicia en libertad. (FIN/IPS/mo/dg/ip/96)
