Lo que más temía el gobierno de Brasil, ocurrió hoy: un pedido formal del Senado para que el escándalo de fraudes bancarios sea investigado por una comisión parlamentaria
En medios oficialistas se consideraba que el testimonio del presidente del Banco Central, Gustavo Loyola, ante dos comisiones de senadores el martes, había aclarado suficientemente las dudas y neutralizado la idea de instalarse una Comisión Parlamentaria de Investigación.
Pero el senador Antonio Carlos Valadares, del Partido Progresista, ex aliado del gobierno, logró este miércoles 29 firmas dos más que el mínimo necesario de 27 senadores, un tercio del total, para presentar el requerimiento.
El gobierno trata ahora de anular el pedido, ya formalizado con lectura en el plenario del Senado, presionando a algunos senadores para que retiren su firma del requerimiento antes de su publicación oficial, este jueves.
Según dirigentes oficialistas, el pedido sólo se formaliza cuando es publicado.
La táctica del gobierno desató una batalla en torno a las reglas de procedimiento parlamentario. La tarea es difícil, porque el presidente del Senado, Jose Sarney, quien presidio Brasil de 1985 a 1990, apoya la Comisión Parlamentaria de Investigación.
Una vez acogido el pedido, corre el plazo de 180 días para la instalación de la Comisión. El gobierno contará con ese período para impedir que se haga efectivo, ya que si los partidos no indican a sus parlamentarios que tomarán parte en la investigación, se archiva el asuno luego de seis meses.
El temor gubernamental a la Comisión Parlamentaria de Investigación no se debe sólo a sus consecuencias en términos de revelaciones de nuevas irregularidades cometidas por bancos, que agravarían la pérdida de credibilidad del Banco Central, responsable de fiscalizar el sistema financiero.
Otro temor radica en que las investigaciones parlamentarias suelen acaparar la atención y la labor de diputados y senadores, paralizando las tareas legislativas, y el gobierno aspira que se aprueben este año varias enmiendas constitucionales, como la reforma de la seguridad social y de la administración pública.
Una comisón parlamentaria tiene prerrogativas judiciales y policiales, como suspender el secreto bancario y telefónico, requerir datos fiscales y convocar testimonios de autoridades. Este fue el instrumento usado para derrocar en 1992 al ex presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción.
Sus investigaciones pueden, además, provocar problemas en el gobierno, generando sospechas o poniendo a prueba a algunos ministros.
El presidente y los directores del Banco Central estarían durante meses en el banquillo de los acusados y la inestabilidad política podría tener consecuencias económicas. (FIN/IPS/mo/ag/ip- if/96)
