El más reciente, y seguramente no el último, escándalo bancario brasileño, colocó en el banquillo de los acusados al Banco Central, debilitando su credibilidad, y amenaza tambié la imagen del presidente Fernando Henrique Cardoso y su ministro de Hacienda, Pedro Malán.
Resultará difícil al presidente del Banco Central, Gustavo Loyola, convencer a la opinión pública, cuando declare ante el Senado el martes, de que acepte que un fraude gigantesco pueda pasar desapercibido a la autoridad monetaria durante diez años.
Desde 1986 el Banco Nacional, una institución tradicional que se ubicaba entre las mayores del país, ocultó un déficit de cerca de 5.000 millones de dólares, manteniendo una contabilidad paralela con préstamos ficticios indicados como activos.
El Banco Central tuvo conocimiento del fraude en octubre pasado, reconocieron tanto Loyola como el ministro Malán. Pero el escándalo recién se destapó el último domingo, cuando fue revelado por la revista Veja, la publicación de mayor tiraje de Brasil (más de un millón de ejemplares por semana).
Cardoso está amenazado porque Loyola afirmó haberle informado del problema en octubre. El actual presidente fue ministro de Hacienda desde 1993 hasta comienzos de 1994.
Además, Paulo Henrique Cardoso, hijo del presidente, está casado con Ana Lucía Magalhaes, que formaba parte de la dirección del Banco Nacional, aunque se ocupaba de la actividad cultiral de la institución y no habría estado al corriente del fraude.
El ministro Malán señaló por otra parte que Cardoso ordenó aplicar rigurosamente la ley, aunque se vema perjudicados su hijo, su nuera y dos ietas.
Aparte de la solicitud de aclaraciones por parte del Senado, el Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano que examina el uso de los recursos públicos, someterá al Banco Central por primera vez a una auditoría especial a partir del lunes.
El objetivo de ese procedimiento es averiguar la responsabilidad de la institución en los varios escándalos estallados en el sistema financiero, que revelaron la ineficacia de su tarea de fiscalización.
El año pasado se registró la quiebra del Banco Económico, comprobándose que sus propietarios cometieron varios delitos.
El presidente del Tribunal, Marcos Vilaza, prevé que estallen conflictos, porque la dirección del Banco Central se niega a comunicar todas las operaciones a los auditores, en defensa del "secreto bancario". Violar ese principio sognificaría "divulgar, no conocer", argumentó Vilaza.
También la Fiscalía Federal, movilizada para enjuiciar a los responsables de delitos bancarios, tiene en la mira a la actual y la precedente direccón del Banco Central.
Los actuales directores son sospechosos de omitir informaciones a la Fiscalía, al justificar por simples "problemas de liquidez" su decisión de someter el Banco Nacional a la administración temporal del Banco Central, cuando ya tenían conocimiento de los fraudes.
El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central explicaron que no divulgaron la existencia de los fraudes para proteger a quiens habían depositado fondos en el Banco Nacional y para no entorpecer las investigaciones.
Pero las autoridades financieras conocían la dimensión del problema al crear en noviembre el Programa de Estímulo a la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero (Proer), que financia con préstanmos a bajo interés las fusiones e incorporaciones de bancos.
El programa permitió evitar el trauma de la quiebra del Nacional, promoviendo la adquisición de esa institución por el Unibanco, ahora el tercer mayor banco del país.
El comprador se quedó con "la parte buena" del desaparecido Banco Nacional, pero eso le costó al Banco Central préstamos de unos 6.000 millones de dólares.
Expertos del mercado estiman que el Banco Central ya inyectó 12.000 millones de dólares para salvar al sistema financiero del colapso, luego que la alta inflación -que favorecía al sector- pasó a ser historia.
"Basta de sacrificar vidas para salvar planes económicos", protestó esta semana la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en una nota divulgada al concluir una reunión en Brasilia.
"No es justo que se robe el poco dinero de los pobres jubilados, de los pequeños productores y de los trabajadores en general, para inyectarlo en el sistema financiero" y salvar a quienes ya acumularon "desmedidas riquezas por medio del fraude y del robo", añadieron los obispos.
Esta vez "se ha ido demasiado lejos", dijo el diputado Delfim Netto, ex ministro de Hacienda durante el régimen militar, en los años 70 y 80, criticando al Banco Central por "transigir". (FIN/IPS/mo/dg/if/96)
