Que un militar de la dictadura responsable de violaciones a los derechos humanos haya sido electo gobernador de una provincia a la que sometió a sangre y fuego en los 70, podría "hablar mal" de la capacidad de la sociedad argentina para recordar aquellos años negros.
Las cosas, sin embargo, no son tan simples.
La imagen de Antonio Bussi, gobernador de la norteña provincia de Tucumán, exhibiéndose durante una reciente entrevista con su revólver bien a la vista sobre el escritorio de su despacho, tiene su contracara en las decenas de iniciativas con las que fue recordado el vigésimo aniversario del golpe de Estado de 1976.
"Como nunca antes en estos años, tal vez con la salvedad del período de 'destape' que siguió a la caída de la dictadura, en 1983-1984, la sociedad se puso a hacer un ejercicio de memoria", señaló un vocero de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia que impulsó los actos de esta semana.
, "Con ello quiso significar que no está dispuesta a olvidar lo sucedido", añadió.
Desde el lunes pasado, todas las agrupaciones humanitarias y unas 200 organizaciones sindicales, estudiantiles, culturales, políticas y barriales han promovido actos, obras de teatro callejero, recitales, marchas, inauguración de monumentos y placas, conferencias, exposiciones, concentraciones.
Todo con un único motivo: repudiar el golpe de 1976 y proclamar la necesidad de que "nunca más se repita algo como aquello".
El "aquello" se resume en los miles (9.000 según las cifras oficiales, 30.000 de acuerdo a los grupos humanitarios) de desaparecidos y el ambiente de terror que sembró la dictadura que se extendió hasta 1983.
"Antes que quedarnos llorando cada uno en su casa, era mejor sacar la memoria a la calle", afirman los integrantes de la Comisión por la Memoria.
Resumen de esa manera el sentido de su convocatoria a "un tiempo de reflexión y de diálogo vital entre las generaciones que devuelva la revalorización de lo que fue la resistencia" al éigimen militar.
La semana recordatoria tendrá su punto alto el domingo próximo, con la realización de un acto en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, que comprende un festival de rock y discursos de personalidades de la cultura.
En el plano institucional, el parlamento de la provincia de Buenos Aires decidió que a partir de 1997 y durante la semana del 24 de marzo de cada año, en los centros de enseñanza locales se dedique una hora diaria de clase a recordar la génesis y las consecuencias del golpe de Estado.
Una propuesta similar fue planteada por concejales de la Capital Federal.
Y en Buenos Aires, el Concejo Deliberante de la ciudad resolvió en la medianoche de este jueves crear un "Museo de la Memoria Nunca Más", destinado a recordar "los horrores del terrorismo de Estado" y localizado en el predio de lo que fuera, a fines de los años 70, el campo de concentración "El Olimpo".
"El florecimiento de iniciativas para esta semana, que no provienen sólo de los grupos tradicionalmente activos en el plano de los derechos humanos, tiene que ver con un cambio que se está operando en Argentina", piensa un integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El militante humanitario explica esa evolución "en parte por la brecha en la conciencia de los argentinos abierta en 1995 por la andanada de confesiones públicas de militares que cometieron atrocidades durante la dictadura y en parte por los efectos de la incansable prédica de grupos como las Madres o las Abuelas de Plaza de Mayo".
"Veinte años es un período corto pero a la vez suficiente como para permitir que se opere un cambio de mentalidades y que a la vez una nueva generación que no conoció aquellos años negros plantee sus propias preguntas y exija saber qué pasó", señala.
Así, cita el caso de un liceo del interior del país donde un grupo de alumnos decidió hacer un video en homenaje a los miles de jóvenes exterminados en los 70 y el de otros adolescentes que se han sumado a una iniciativa para alimentar el Museo de la Memoria con objetos que pertenecían a muchachos desaparecidos.
Los integrantes de HIJOS, una organización surgida en 1995 y que agrupa a más de un centenar de hijos de desaparecidos, se sienten reconfortados con la evolución que creen ver en una parte de la sociedad argentina.
"Antes, nuestros propios compañeros nos miraban con condescendencia, como animales raros. Nos consideraban como víctimas a las que se debía ayudar a superar su dolor, es decir como ajenos a ellos y a su propia historia", dice uno de los integrantes del grupo.
"Hoy -reflexiona- están aprendiendo a ver que nosotros y ellos formamos parte de la misma sociedad, que debe asumir su pasado para tratar de evitar que se repitan las atrocidades".
Esta "evolución en las mentalidades", también constatada por algunos investigadores sociales, corre paralelamente a otro hecho: los responsables de esas atrocidades están todos libres, gracias a leyes votadas en democracia, y algunos han sido incluso electos en comicios no cuestionados.
La policía argentina, mientras tanto, continúa matando jóvenes y reprimiendo manifestaciones.
El 20 de febrero un agente baleó en la nuca a Alejandro Mirabete, un adolescente de 16 años que se hallaba tomando cerveza en una esquina y escapó al ver llegar a la policía.
El 2 de este mes Cristian Campos, de 17 años, fue detenido por cuatro agentes que lo balearon y le prendieron fuego, y una semana después dos muchachas fueron heridas a balazos por un gendarme "enloquecido".
A fines de febrero, en la ciudad de La Plata, una manifestación de estudiantes universitarios había sido reprimida con balas de goma y palazos.
Comentando la virtual ejecución de Alejandro Mirabete, la periodista Sandra Russo señala: este joven "sabía, con el saber profundo de una generación acorralada, que algo terrible puede sobrevenir (en Argentina) cuando un chico de 17 años está sentado en el cordón de la vereda y de pronto llega la policía".
No se trata de ataques aislados, cometidos por agentes "locos" o "desacatados" sino de una lógica, que se asienta en la impunidad de que han gozado los integrantes -jefes y subalternos- de instituciones que tuvieron un papel esencial en la dictadura, consideran los grupos humanitarios.
Para el analista José Pablo Feinmann, cuando el general Bussi exhibe un revólver sobre su escritorio de gobernador provincial y cuando la policía dispara en La Plata con balas de goma están queriendo "decir algo".
Uno, Bussi, pretende significar que en cualquier momento, si "lo obligan a hacerlo", puede hacer uso de su arma, y la otra, la policía de La Plata, advierte que "por ahora las balas son de goma", pero las próximas, si la gente "sigue protestando", serán de plomo, indica Feinmann en el diario Página 12.
Más allá de que la elección de Bussi en Tucumán, una de las provincias más pobres del país, se haya debido en parte a los marginados a los que el general prometió "orden y trabajo", según dice Feinmann, y no directamente a su pasado golpista, quedan en Argentina muchos nostálgicos y fuertes resabios de cultura autoritaria.
Del lado de enfrente, se sitúan "los que están hartos del discurso posmoderno según el cual todo es igual y la historia no cuenta, los que quieren saber la verdad sobre el pasado para construir un futuro mejor", afirmabaa recientemente el músico Fito Páez, uno de los participantes en el acto del domingo. (FIN/IPS/dg/dg/ip/hd/96)
