Si no fuera por la ayuda de emergencia entregada por el gobierno brasileño, el mayor banco de América Latina habría quebrado, provocando un terremoto financiero cuyas dimensiones nadie se atreve a imaginar.
La crisis en el Banco de Brasil, la semana pasada, puso otra vez dramáticamente en evidencia la delicadísima situación de todo el sistema bancario del continente, afectado hoy por enormes deudas acumuladas, prácticas delictivas, ineficiencia y un descrédito cada vez mayor.
El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso fue forzado a movilizar la fantástica suma de 8.000 millones de dólares para intentar sobrevivir a una diabólica trampa armada por la crisis en el Banco de Brasil, que en lo fundamental es la misma que afecta y afectó a otros bancos del continente.
Si Cardoso siguiera las reglas clásicas del mercado debería dejar que el banco quebrara, provocando un temblor financiero que no se limitaría a Brasil, dadas las dimensiones de la institución.
Pero al brindarle asistencia, el gobierno brasileño arriesgó todo el proceso de estabilización financiera iniciado hace dos años y aún no consolidado.
Las pérdidas acumuladas por al banco líder en el ránking latinoamericano de instituciones financieras equivalen a cuatro veces el hueco dejado por el banco inglés Barings, que quebró espevtacularmente hace poco más de un año.
Y es mayor a los ingresos de 98 por ciento de las 500 empresas públicas y privadas más importantes de Brasil. La pérdida patrimonial resultante de la crisis es a la vez igual al patrimonio total del segundo mayor banco del país.
La trampa bancaria latinoamericana es un hecho político muy grave, porque compromete también la credibilidad de los gobiernos en la medida en que en el afán de evitar un terremoto, las autoridades acaban por socializar parte considerable de las pérdidas generadas por mala administración, corrupción y clientelismo.
Ese fenómeno es particularmente frecuente en el caso de los bancos estatales o controlados por el gobierno y que están en la lista de privatizaciones.
En Argentina, el Ministerio de Economía decidió inyectar 200 millones de dolares para sanear las finanzas de 16 bancos controlados por gobiernos provinciales y que serán privatizados.
El argumento oficial es que sin esa operación de socorro nadie comprará los bancos, pero los sindicatos y la oposición afirman que el ministro Domingo Cavallo está desviando recursos que podrían ser utilizados para generar empleos y garantizar utilidades en la privatización.
En Brasil, en 1995 el gobierno creó un fondo para ayudar a bancos privados amenazados de quiebra. Uno de los socorridos fue el extinto Banco Nacional, que hoy está en el centro de un escándalo de falsificación de documentos contables para ocultar pérdidas de por lo menos 3.000 millones de dólares.
«Los bancos latinoamericanos son hoy protagonistas casi diarios de escándalos, sospechas, operaciones fraudulentas y peédidas monumentales», afirma el economista brasileño Paulo Mercadante.
«Es todo un sistema de especulación y de ganancias fantásticas creado durante el período de inflación descontrolada que ahora está, en quiebra porque ya no tiene más la misma utilidad que antes», agrega.
Son muy raros los países latinoamericanos que no han sido testigo de quiebras bancarias importantes en los últimos años.
Según la revista estadounidense Latin Finance, se estima que más de 300 bancos han dejado de operar en los últimos cuatro años en el continente.
Todo parece indicar que el proceso aún está lejos de concluir, dejando el en aire la gran interrogante sobre el costo político que los contribuyentes latinoamericanos tendrán que pagar para salir de la trampa bancaria. (FIN/IPS/cc/dg/if/96)