La generalización de la corrupción, la extensión de la pobreza y el alto grado de violencia fueron una constante en 1995 en los cuatro países del Mercosur, de acuerdo a una evaluación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU).
Las denuncias de corrupción han estado presentes el año pasado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, las cuatro naciones del grupo.
Esta situación en el sur de América involucra a gobernantes y ex gobernantes y refleja una "crisis ética y moral generalizada" que también se extiende a la mayoría del resto de los países latinoamericanos, señala el balance correspondiente a 1995 de la ALDHU.
La situación más grave en este plano se presenta en Argentina y Brasil, las dos naciones más grandes del Mercosur, en las que viven 182 de los 200 millones de habitantes de los cuatro países.
En Brasil, en materia de corrupción, destacó en 1995 un caso de tráfico de influencias en torno a un contrato de 1.400 millones de dólares para instalar modernos equipos para control aéreo y terrestre en los 5,2 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia.
Entre los acusados en el caso, estallado en noviembre pasado, figuraron Julio Gomes, jefe de Protocolo de la Presidencia, y el ministro de Aeronáutica, brigadier Mauro Gandara.
Tres meses antes, en agosto, el presidente Fernando Henrique Cardoso se vio involucrado en un escándalo al respaldar la estabilización del Banco Económico de Bahía, con un pasivo de 3.000 millones de dólares, tras un acuerdo con el poderoso senador del Partido Frente Liberal Antonio Carlos Magalhaes.
Según ALDHU, Magalhaes había amenazado a Cardoso con denunciar públicamente irregularidades cometidas por el Banco Central si el de Banco de Bahía no recibía un tratamiento privilegiado.
Brasil presentó también un muy elevado índice de violencia. En 1995 una media de 18 personas al día fueron asesinadas en Río de Janeiro y varios policías fueron ultimados por narcotraficantes.
En lo que respecta a los derechos sociales, el año pasado se consignó que 30 por ciento de los niños brasileños padecen de desnutrición y 64 por ciento vive en la pobreza. El índice de desempleo supera actualmente 14 por ciento y afecta a casi 1.400.000 personas.
En el lado positivo de la balanza para el gobierno destacó la presentación de un proyecto para indemnizar a los familiares de las víctimas de la dictadura militar (1964-1984) con montos que oscilan entre 100.000 y 150.000 dólares por persona asesinada. El gobierno reconoció la muerte de 136 personas durante ese período.
En Argentina las "Abuelas de la Plaza de Mayo" bregan para crear una "Comisión por la Verdad" que les facilite la búsqueda e identificación de los hijos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
ALDHU valora que tanto las Fuerzas Armadas como la Iglesia Católica hayan admitido públicamente su responsabilidad en la violación a los derechos humanos en esa época.
También consideró positivo que la Marina argentina haya dejado de insistir en el ascenso del capitán Alfredo Astiz, acusado por varias organizaciones internacionales como responsable del asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977.
En 1995 la pobreza continuó acentuándose en Argentina. Más de 10 por ciento de la población del país -casi 3,3 millones de personas- es considerada pobre.
El gran responsable de esa situación es el Estado, "ya que abandonó a sus ciudadanos justamente cuando más lo necesitaban", y en el país las "políticas públicas preventivas de la pobreza y la exclusión" brillaron por su ausencia, afirma ALDHU.
En el plano de la corrupción, los escándalos que persiguen al presidente Carlos Menem también fueron una constante en 1995. El principal hecho en esta materia partió de la propia casa de gobierno, cuyo secretario general, Alberto Kohan, está en la mira de la justicia.
La Fiscalía General de Estados Unidos indaga a Kohan y a otros diez altos funcionarios argentinos porque sospecha que aceptaron sobornos de la transnacional IBM para un programa de informatización del Banco de la Nación, por 450 millones de dólares.
Paraguay continúa a su vez "siendo un país donde se muestran grandes facilidades para el lavado de dinero del narcotráfico y el contrabando", afirma ALDHU.
Según el experto universitario Carlos Martini, en Paraguay "la corrupción penetra todo el sistema político". Para ALDHU, este país, "desde el punto de vista institucional, parece ver enlentecido el proceso de consolidación democrática".
El presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, ha sido imputado de diversas maniobras de corrupción, en particular con la monumental represa binacional de Itaipú, que su país comparte con Brasil.
Los rumores de golpe de Estado han sido una constante, lo que generó una inestabilidad que se reflejó en la cumbre del Mercosur de agosto de 1995 en Asunción.
Para ALDHU, la declaración final de la reunión de presidentes de los países del bloque en el sentido de que sólo los gobiernos democráticos podrán integrar el Mercosur fue un "reflejo" de la situación paraguaya.
El balance de la asociación recordó una frase del presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, quien senaló que "la construcción democrática paraguaya compete a todos los integrantes del Mercosur".
Uruguay, el menor de los países del Mercosur, no fue impermeable a los procesos de corrupción. Para buscar antecedentes históricos similares en cuanto a una situación de gravedad comprabale en este plano es 0necesario trasladarse casi 25 años atrás, indicó ALDHU.
El informe recuerda que el ex presidente Luis Lacalle (1985- 1990) y otros altos funcionarios de su gobierno están compareciento ante la Justicia Penal, que investiga la venta de un fuerte banco gestionado por el Estado a una fiduciaria italiana.
También dos altos funcionarios del gobierno de Sanguinetti debieron abandonar sus cargos por intervenir en maniobras durante una licitación, mientras se investiga una denuncia de tráfico de influencias contra el lider de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Tabaré Vázquez.
En Uruguay la inseguridad urbana se constituyó en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, al punto que una encuesta reveló que 46 por ciento de la opinión es partidaria de implantar la pena de muerte. (FIN/IPS/rr/dg/ip/96)
