La efervescencia en el agro guatemalteco continúa en aumento y son más de 17 las fincas ocupadas por campesinos que reclaman tierras para trabajar, informaron dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC).
Los dirigentes campesinos manifestaron que "el clamor por la tierra se mantendrá" mientras no tengan un lugar donde vivir y trabajar.
El presidente del gubernamental Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), Enrique Ortega, acusó al CONIC de estar "desestabilizando" al país por llevar a cabo una ola de invasiones de tierras en todo el país.
Según Ortega, las invasiones de fincas privadas y del Estado no tienen razón de ser, ya que el INTA ha pedido a los campesinos que se organicen y en forma pacífica hagan sus reclamos de tierra a dicha institución.
Juan Tiney, dirigente del CONIC, calificó de "ridículas" las declaraciones de Ortega, acusándolo de desviar la atención para que no se conozca la aguda problemática existente en el campo.
Isabel Solís, miembro del Consejo de Dirección Nacional del CONIC, señaló a su vez que en Guatemala hay tierras, pero "lo que sucede es que en el Estado hay mucha corrupción".
Citó como ejemplo un caso ocurrido en la localidad de El Estor, en el oriental departamento de Izabal, donde hay campesinos que hace años están esperando documentos que les den título de propiedad de unas tierras baldías que están ocupando.
Según Solís, una comunidad lleva 72 años en ese lugar. Cuando sus integrantes tuvieron oportunidad de ver un plano del terreno, se dieron cuenta de que la mayoría está ocupada por un finquero.
"Entonces no es verdad que no hay tierras, sino que van vendiendo las tierras baldías a finqueros. Lo que hay en el estado es pura corrupción", acusó Solís.
En una carta enviada al presidente Alvaro Arzú, el CONIC expresa que su "necesidad de tierra es real". "Ya agotamos las vías legales y el tiempo necesario de espera, por lo que no hemos caído en ilegalidad ni en invasión de tierras sino en el legítimo derecho de resistencia, tal como lo autoriza la ley".
La institución pide que el gobierno dialogue con los "supuestos" dueños de las fincas para llegar a acuerdos, a la vez que advierten que no están de acuerdo con ningún desalojo, ya que en ese caso se estarían violando artículos constitucionales que indican que "el interés social prevalece sobre el interés particular".
Para Gustavo Anzueto, del Consejo Nacional de Agro (Conagro), tanto el CUC como el CONIC "responden a órdenes estratégicas que les da la (guerrillera) Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca".
Mientras, gobierno y guerrilla coincidieron en México esta semana en que una medida fundamental para solucionar el problema de tierras es la realización de un catastro en todo el país, para determinar cuáles son las tierras ociosas y las que pueden ser vendidas, informó Gustavo Porras, coordinador de la gubernamental Comisión de paz.
El gobierno y la guerrilla, en el marco del diálogo de paz que pretende poner fin a 35 años de guerra, se encuentran negociando desde hace nueve meses sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.
Según la URNG, el obstáculo más importante que impide el desarrollo económico y social de Guatemala es el desigual régimen de uso, tenencia, explotación y propiedad de la tierra, por lo que aboga por reformas constitucionales que reconozcan la propiedad de la tierra en función social.
También pide que se otorguen a los campesinos facilidades para la adquisición de tierras.
Muchos de los conflictos actuales de tierras se dan por problemas de límites, y hasta ahora no existe un instrumento técnico, ni tampoco datos para establecer tal situación, indicó.
Según Porras, en Guatemala hay más de un millón y medio de poseedores precarios de tierras que no tienen títulos y no pueden acceder a créditos.
"Es necesario hacer una política de ordenamiento territorial del país, y hoy en día existen los recursos técnicos para realizarlo", observó. (FIN/IPS/cz/dg/ip-pr/96)
