La Junta para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), avaló hoy la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico.
La JIFE expresó también su confianza en que la crisis interna que vive Colombia no reduzca su "enérgico compromiso" en ese campo.
En su informe anual de 1995, el organismo destacó en especial medidas legislativas relacionadas con el blanqueo de dinero, la erradicación de cultivos y la captura de jefes del narcotráfico.
Carlos del Castillo, coordinador del distema de la ONU en Colombia, manifestó al presentar el informe su "beneplácito por los esfuerzos satisfactorios" que Colombia realizó en 1995 en su lucha antidrogas.
No obstante, se abstuvo de opinar sobre la crisis que vive el gobierno del presidente Ernesto Samper, al indicar que "ni la JIFE ni otros organismos de las Naciones Unidas pueden inmiscuirse en procesos a los que no les cubre el mandato".
La JIFE es sucesora de otros organismos de fiscalización de drogas de la comunidad internacional y tiene como objetivo impedir el cultivo, la producción, fabricación, tráfico y uso ilícito de estupefacientes.
En materia de erradicación de cultivos, el informe observa que se destruyeron 29.000 hectáreas de coca y amapola, que equivalen a la mitad del total cultivado de esas plantas, según las cifras oficiales colombianas.
Destaca igualmente las medidas adoptadas en Colombia contra "los poderosos carteles que constituyen una constante amenaza para la estabilidad económica y política" del país.
Pese a que aplaude el desmantelamiento del cartel de Medellin (1993) y la detención de la cúpula del Cartel de Cali (1995) la Junta espera que "a los arrestos siga la urgente terminación del proceso judicial contra estos delincuentes y su severo castigo".
Acoge "con beneplácito la aprobación de un plan nacional de fiscalización de drogas por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
El plan contiene medidas destinadas a la erradicación de cultivos ilícitos, así como disposiciones contra el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y proyectos de desarrollo alternativo, prevención y rehabiilitación.
La JIFE resalta igualmente los progresos de Colombia en la aplicación de las disposiciones de la convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, a la que adhirió el país sudamericano en 1994.
Para el canciller de Colombia, Rodrigo Pardo, el texto de la JIFE "está basado en un conocimiento directo' de la realidad nacional, producto de las investigaciones de un equipo del organismo que visitó el país entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado.
Al comparar el documento con la evaluación a que está siendo sometida Colombia por el Congreso de Estados Unidos, Pardo afirmó que se trata de procesos diferentes. La de la ONU es de carácter multilateral, mientras que la estadouindense es unilateral, precisó.
La evaluación de la JiFE corresponde a convenios internacionales de los que forma parte Colombia y emana de la ONU, un organismo "casi universal", dijo.
La certificación de Estados Unidos "es una ley interna", que tiene que ver con los programas de cooperación que Washington mantiene con 31 países para la lucha antidrogas.
Pardo destacó no obstante que los hechos en que estan basados tanto el estudio de la JIFE como el proceso de certificación de Estados Unidos "son los mismos".
"En el caso de Colombia son hechos contundentes, posiblemente sin antecedentes en el país y sin comparación en otros países del mundo", dijo el canciller.
El Congreso estadounidense evalúa este viernes el desempeño de Colombia en su lucha antidrogas durante 1995 para definir si otorga o no a ese país la certificación que le permitirá seguir recibiendo la cooperación en este campo.
Colombia espera del parlamento de Estados Unidos "una conclusión tan equilibrada" como la de la JIFE, señaló Pardo. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96)
