La posicion del ex dictador Augusto Pinochet como comandante del Ejercito de Chile, no parece amenazada por la reactivacion en Argentina del proceso por el asesinato del general Carlos Prats, su antecesor castrense.
El alto mando militar se alineo una vez mas junto a Pinochet, luego de que algunos parlamentarios lo emplazaran a asumir su responsabilidad en el homicidio de Prats y su esposa, Sofia Cuthbert, muertos mediante un atentado terrorista en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
La jueza argentina Maria Servini dispuso la prision del chileno Enrique Arancibia, agente de la disuelta Direccion de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que segun la magistrada ordeno matar al general y su mujer.
Los emplazamientos de parlamentarios de la oficialista Concertacion por la Democracia a Pinochet se fundamentaron en que fue el superior maximo de la DINA, cuerpo represivo que existio oficialmente entre comienzos de 1974 y fines de 1977.
El veterano militar de 80 anos, que goberno con mano ferrea el pais entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, se ve acosado con alguna frecuencia por las repercusiones de crimenes contra los derechos humanos cometidos bajo la dictadura.
Los nombres de las victimas de la DINA aparecen de tanto en tanto en escena como porfiados fantasmas que activan la dimension etica del debate politico y alejan las presiones en pro de un "punto final" en materia de violaciones de derechos humanos.
Prats y el ex canciller Orlando Letelier -asesinado tambien mediante un bombazo el 21 de septiembre de 1976 en Washington- fueron las victimas mas prominentes de las operaciones exteriores de la DINA.
Las presiones de Estados Unidos lograron que el caso Letelier fuera excluido expresamente de la ley de amnistia que Pinochet expidio en 1978, lo que permitio que 19 anos despues, en mayo de 1995, la justicia chilena condenara a la carcel a los jefes de la DINA.
El proceso que culmino con el encarcelamiento del general retirado Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, genero momentos de tension en las relaciones civico-militares durante los 10 primeros meses de 1995.
Pinochet acato a reganadientes la condena de sus ex colaboradores represivos y reivindico siempre su inocencia, insistiendo en la tesis de una retaliacion contra los militares que en 1973 "salvaron a Chile del comunismo".
En el extenso juicio del caso Letelier, tanto en Estados Unidos como en Chile, no hubo testimonios ni pruebas que permitieran involucrar a Pinochet en el asesinato del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-73).
La abogada Fabiola Letelier, hermana de la victima, advirtio en su hora que ello no liberaba al ex dictador de su responsabilidad politica en las actuaciones de la DINA, organismo que dependia directamente de la comandancia del Ejercito.
La DINA trabajo con un selecto cuadro de oficiales de las Fuerzas Armadas, tuvo a su cargo una red de miles de informantes y realizo tareas represivas de gran magnitud fuera de Chile, todo ello con recursos del Estado, recordo la abogada.
El caso Prats deberia cobrar mayor relieve que el crimen de Letlier para el Ejercito, tratandose del homicidio de un ex comandante del arma, quien fuera ademas ministro del Interior y Vicepresidente de la Republica en el gobierno de Allende.
El interes deberia ser aun mas grande si se considera que el detenido Arancibia participo tambien, en octubre de 1970, en el atentado en que un grupo de extrema derecha diera muerte al general Rene Schneider, antecesor de Prats en el mando superior del Ejercito.
Tras el asesinato de Schneider, Arancibia huyo hacia Argentina, donde parmanecio hasta que la DINA lo recluto despues del golpe de 1973 y le suministro una buena fachada para que actuara como su principal agente en ese pais.
El general Fernando Torres, fiscal del Ejercito y "cerebro gris" de sus actuaciones juridicas, ademas de hombre de confianza de Pinochet, ignoro todos esos antecedentes y sostuvo que el caso es "absolutamente judicial".
Tras las declaraciones de Torres, el Ejercito emitio un comunicado oficial en que demando "respeto" para su comandante en jefe y rechazo las expresiones de parlamentarios, algunos de los cuales pidieron la renuncia de Pinochet.
El Ejercito hizo trascender que estaba "molesto" por los emplazamientos y el jueves 25 el cuerpo de generales en pleno se reunio a puertas cerradas con el ex dictador en un gesto de inequivoco respaldo institucional.
A mas de una semana de la captura de Arancibia, esta claro que en el arma no hay ninguna sensibilidad acerca de los asesinatos de Schneider y Prats, quienes, en contraste con Pinochet, encarnaron un ya olvidado constitucionalismo castrense.
Ello ratifica la generalizada conviccion de una oficialidad forjada desde 1973 "a imagen y semejanza" del ex dictador, quien tiene ahi su principal argumento para permanecer como jefe del Ejercito hasta el 11 de marzo de 1998, fecha que el mismo fijo para su retiro. (FIN/IPS/ggr/jc/ip-hd/96)
