La denuncia de que las campanas electorales de los partidos Liberal y Conservador en Colombia sobrepasaron los topes fijados por la ley, agravo hoy la crisis institucional que vive este pais sudamericano.
La denuncia, hecha por el Consejo Nacional Electoral, podria "llegar a tumbar al presidente" Ernesto Samper, ya que la Constitucion "responsabiliza a los candidatos del control de los topes financieros de sus campanas y violar estos topes es delito", comento el analista Francisco Santos.
La investigacion del Consejo se podria convertir en un camino mas corto para superar la actual crisis, "pues Samper puede evadir su responsabilidad" en cuanto a la entrada de millones de dolares del narcotrafico a su comando de campana "pero no la de haber sobrepasado el tope fijado por la ley", anadio.
Segun la ley electoral, los candidatos solo podian gastar cuatro millones de dolares en sus campanas, pero el Consejo Electoral estimo que el comando de Samper destino 6,4 millones y el del conservador Andres Pastrana 5,1 millones.
Tras la investigacion del Consejo Nacional Electoral, que cuenta con represtantes de las fuerzas politicas mayoritarias, seran llamados a declarar los dirigentes de cada comando de campana, incluidos Samper y Pastrana.
La situacion contable de la campana de Samper sera anexada a la denuncia que presentara el fiscal general, Alfonso Valdivieso, ante la Comision de Acusaciones de la Camara de Diputados, por presuntos aportes del narcotrafico.
Valdivieso habia anunciado que presentaria la denuncia este martes, pero segun fuentes de la Fiscalia General, la auditoria contable obligo a postergarla hasta el jueves proximo.
Tras la presentacion de la denuncia por parte del fiscal general se iniciara un proceso que, segun el presidente del Congreso, Julio Guerra, no concluira antes de junio, salvo que Samper renuncie antes a su cargo.
La renuncia de Samper, sugerida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Pedro Rubiano, causo este martes un enfrentamiento con el mandatario, quien afirmo que fue elegido por cuatro anos y que mientras no exista una acusacion concreta en su contra no abandonara el cargo. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
