Grupos de derechos humanos de Estados Unidos intentaron hoy atraer la atencion sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia y Colombia, antes de que el presidente Bill Clinton decida el 1 de marzo si continuara ayudando a los gobiernos de ambos paises.
Representantes de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) enviaron este jueves una carta al secretario de Estado, Warren Christopher, advirtiendo que los esfuerzos contra la droga en la zona rural de Chapare, en Bolivia, condujeron a violaciones de los derechos humanos de los residentes.
Las ONG sostienen que la presion impuesta a La Paz para erradicar la coca en Chapare es parte de la causa de esos abusos.
Los representantes de la Oficina sobre America Latina de Washington (WOLA), el Dialogo Interamericano y varios grupos de iglesias, urgieron a Washington a adoptar "politicas mas sensibles a los costos politicos, economicos y sociales de los operativos antinarcoticos en Bolivia".
La carta fue enviada tras una apelacion a Christopher realizada la semana pasada por 37 abogados estadounidenses, paralelamente a la propuesta de designacion de un relator especial de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) para supervisar la situacion de derechos humanos en Colombia.
Tres congresistas democratas urgieron la designacion de un relator especial para Colombia en la proxima reunion en Ginebra de la Comision de Derechos Humanos de la ONU.
Ambas cartas se presentaron dos semanas antes de que el gobierno decida si "certificara" al Congreso que los paises andinos estan cooperando lo suficiente con los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos para garantizar la continuacion de la ayuda. Las leyes estadounidenses requieren una certificacion anual de la asistencia.
Washington es el mayor donante de Bolivia, Colombia y Peru, a los que en 1995 entrego respectivamente 82, 37 y 99 millones de dolares.
Los paises "no certificados" pueden ademas perder una amplia gama de beneficios comerciales y el respaldo de Washington a prestamos de bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial.
Un pais no certificado puede continuar recibiendo apoyo de Washington si el gobierno cree que la suspension de la ayuda podria amenazar la seguridad nacional estadounidense.
El ano pasado Clinton no otorgo la certificacion a Colombia, pero aprobo una excepcion sobre la base de que un recorte socavaria los esfuerzos de detener una amenaza a la seguridad nacional y el flujo de cocaina y heroina a Estados Unidos.
Colombia es el mayor productor de cocaina del mundo, mientras Bolivia sigue a Peru como productor mas importante de hojas de coca.
Mientras autoridades del gobierno sostienen que hay pocas posibilidades de que Bolivia sea no obtenga la certificacion, Colombia es un asunto diferente.
Las acusaciones segun las cuales el presidente Ernesto Samper recibio millones de dolares en contribuciones a su exitosa campana electoral de 1994 de manos de miembros del cartel de Cali han presionado a Clinton para que corte la ayuda a Colombia, en especial si Samper continua resistiendose a renunciar.
Los derechos humanos han quedado atras en la politica estadounidense en la guerra contra la droga en la region. Solo Peru, donde se han documentado serias violaciones, sufrio un corte de la ayuda militar, aunque asistencia relacionada continua siendo entregada a traves del programa antinarcoticos de Estados Unidos.
La preocupacion de grupos de derechos humanos sobre la posible intensificacion de la guerra de Washington contra la droga en Los Andes ha sido estimulada por la designacion la semana pasada del general Barry McCaffrey para dirigir la cruzada antinarcoticos.
Poco antes de su designacion, McCaffrey sugirio que favorecia una esfuerzo mas directo hacia la erradicacion del abastecimiento de drogas en su fuente original.
Esto solo llevara a mas violaciones de derechos humanos del tipo de las ocurridas en Bolivia el ano pasado, advierten los activistas. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/lp/ip/96)
