La vigencia de un tratado de extradicion firmado por Colombia y Estados Unidos en 1979 desato un debate juridico en este pais sudamericano que enfrento a jueces y magistrados.
El asunto cobro actualidad tras la fuga, el dia 11, del tercer hombre del Cartel de Cali, Jose Santacruz, de una carcel de maxima seguridad de Bogota, cuando dos altos magistrados aseguraron que el tratado esta vigente pese a que la Constitucion de 1991 prohibe la extradicion.
Segun Santacruz, se escapo de la carcel debido a las presiones de Estados Unidos para que se aplique el tratado de extradicion, pues considera que la justicia colombiana no esta en capacidad de castigar a los presuntos narcotraficantes.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Jaramillo, y del Consejo Superior de la Judicatura, Carlos Villalba, defendieron la vigencia del tratado.
Para que un tratado tenga vigencia se necesita que sea ratificado por el Congreso y este paso se cumplio. Sin embargo, la ley aprobatoria fue declarada inconstitucional, por lo que este instrumento quedo sin aplicacion.
Segun Villalba, Estados Unidos podria demandar a Colombia ante el Tribunal de La Haya para que se cumplan las bases del acuerdo.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura afirmo que el tratado esta vigente porque el fallo de incostitucionalidad afecto a la ley que lo incorporaba a la legislacion colombiana, pero no su texto como tal.
La sentencia de inconstitucionalidad se produjo en diciembre de 1986, cuando la Corte Suprema encontro que la ley aprobatoria tenia vicios de forma porque fue no fue firmada por el presidente, sino por el ministro encargado en ausencia del mandatario.
Las tesis de los magistrados fueron respaldadas parcialmente por Juan Tokatlian, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional, quien sostuvo que aunque el tratado esta vigente Estados Unidos carece de "elementos juridicos tangibles para exigirle a Colombia su aplicacion".
"Actualmente existe una ambiguedad pues el tratado esta vigente y aunque Colombia esta impedida para aplicarlo el gobierno jamas lo ha denunciado", afirmo el experto.
A la polemica se agrega tambien la tesis de si los tratados internacionales prevalecen sobre la Constitucion, ya que en la carta promulgada en 1991 se establece que ningun colombiano puede ser extraditado a ningun pais.
Para Jose Hernandez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, esta polemica aun esta pendiente de resolucion no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
"Hay que estar en contra de la extradicion no solo porque la Constitucion la prohibe" sino porque el Estado "debe mantener la soberania judicial y la autonomia para juzgar a nuestros delincuentes", dijo Antonio Suarez, presidente de la Asociacion Nacional Judicial, gremio de los funcionarios judiciales.
El presidente Ernesto Samper intervino en el debate afirmando que "el tema de la extradicion no figura en la agenda del gobierno" porque "esta prohibida constitucionalmente" y para eliminarla se requeriria "aun mas tiempo del que se dispone para juzgar a quienes estan actualmente en la carcel".
No obstante, analistas consideran que la mayor reserva del gobierno para aplicar nuevamente la extradicion seria el temor al resurgimiento del "narcoterrorismo" que vivio Colombia en 1989, cuando el presidente Virgilio Barco la aplico por decreto.
Para presionar al gobierno, los narcotraficantes crearon en esa oportunidad el grupo de "Los extraditables", que con sus atentados dinamiteros indiscriminados ocasionaron la muerte de mas de mil colombianos. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
